Sentencia N° 292 — Sala Político Administrativa del TSJ, 13 de abril de 2004

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer la solicitud de calificación de despido presentada por Fabio Augusto Albuquerque Giménez contra la empresa WELCOM. COM, C.A. El tribunal de origen había declarado su falta de jurisdicción, argumentando que el demandante gozaba de inamovilidad laboral decretada por el Ejecutivo Nacional, lo que implicaba que la solicitud debía ser tramitada ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente. La Sala analizó la normativa aplicable, en particular el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, que establece el procedimiento de calificación de despido y las circunstancias bajo las cuales corresponde a las Inspectorías del Trabajo conocer de estas solicitudes. Se concluyó que, dado que el demandante se encontraba amparado por la inamovilidad laboral, la solicitud de calificación de despido debía ser inadmisible por falta de jurisdicción del tribunal. Finalmente, se confirmó la decisión del tribunal de origen, ordenando la remisión del expediente a la Inspectoría del Trabajo, y se dejó claro que el Poder Judicial no tenía competencia para decidir sobre el caso en cuestión.

El Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, señalando que el caso de autos debe ser tramitado ante la Inspectoría del Trabajo, en virtud de que el demandante para el momento de ser despedido gozaba de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, en consecuencia, ordenó remitir en consulta el expediente a esta Sala Político-Administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, observa la Sala que el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo consagra el procedimiento de calificación de despido, ante el Juez de estabilidad laboral, cuando el patrono pretenda despedir a uno o más trabajadores. Asimismo, establece la facultad que tiene el trabajador despedido de poder ocurrir ante el Juez de estabilidad, si considera que el despido no está fundamentado en algunas de las causas justificadas establecidas en la Ley al efecto, a fin de que éste califique el despido como justificado o no, y en caso de constatar que el mismo se produjo sin causa legal que lo haga procedente, ordene su reenganche y pago de los salarios caídos. Sin embargo, en la referida Ley también se establecen situaciones en las cuales, vista la inamovilidad que podrían disfrutar en un momento determinado un grupo de trabajadores, la calificación previa del despido corresponde a las Inspectorías del Trabajo. Entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan la calificación de despido previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. Adicionalmente a estos supuestos de inamovilidad que requieren la calificación de despido por ante el respectivo órgano administrativo, se agrega el caso de inamovilidad laboral cuando la misma es decretada por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren.

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, con reenganche y pago de salarios caídos, intentada por el ciudadano FABIO AUGUSTO ALBUQUERQUE GIMÉNEZ, asistido por el abogado Adolfo José Montilla Rodríguez, contra la empresa WELCOME. COM. C.A. En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 11 diciembre de 2003, mediante la cual el tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública. Devuélvase el expediente al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Lara. Cúmplase lo ordenado.