Sentencia N° 2733 Político-Administrativa TSJ 2001: Rafael Antonio Figueroa vs Centro Simón Bolívar, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del poder judicial para conocer de la acción propuesta por Rafael Antonio Figueroa contra la sociedad mercantil Centro Simón Bolívar, C.A., en relación con el reenganche y el pago de salarios caídos. La Sala determinó que corresponde a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital proveer sobre lo solicitado, confirmando así la decisión del juzgado remitente que había declarado su falta de jurisdicción.

La Sala ha señalado en reiterada jurisprudencia que los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo son actos administrativos, a pesar de que el control de la legalidad de los mismos esté sometido a la jurisdicción laboral. Establecido lo anterior, la Sala observa que la Administración cuenta con mecanismos expresamente previstos en la ley para ejecutar forzosamente sus decisiones, como ocurre en el caso de autos en el que el demandante solicita el pago de los salarios caídos, los cuales son una consecuencia inmediata de habérsele acordado el reenganche; en tal sentido, la propia Ley Orgánica del Trabajo prevé, en su artículo 642, que toda desobediencia a citación u orden emanada del funcionario competente del trabajo, acarreará al infractor una multa no menor del equivalente a un octavo (1/8) de un salario mínimo, ni mayor al equivalente a un (1) salario mínimo. De igual modo, el artículo 647 eiusdem establece el procedimiento para los casos en que resulte necesario aplicar una sanción. Así, la mencionada norma señala que el mismo se inicia con un acta motivada y circunstanciada que levantará el funcionario de inspección, una vez verificada la infracción. Seguidamente, el presunto infractor contará con un lapso de ocho (8) días hábiles para formular los alegatos que juzgue pertinentes e igualmente, dispondrá de otros ocho (8) días hábiles para promover y evacuar las pruebas que estime convenientes. Finalmente, el funcionario respectivo dictará una resolución, declarando a los indiciados incursos o no en las infracciones de que se trate, e impondrá la correspondiente sanción. Contra esta decisión podrá interponerse el recurso previsto en el artículo 648 de la referida ley; por tanto, en casos como el de autos, resulta procedente declarar la falta de jurisdicción del Juez respecto a la administración publica.

DECLARA que el poder judicial carece de jurisdicción para conocer del asunto planteado, ya que corresponde a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Federal, ahora Distrito Capital, proveer sobre lo solicitado. En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 2 de agosto de 2001, mediante la cual el tribunal remitente, declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen y copia certificada de la presente decisión a la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, ahora Distrito Capital. Cúmplase lo ordenado.