Sentencia N° 265 — Sala Político Administrativa del TSJ, 13 de febrero de 2007

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por el Banco de Venezuela contra la Resolución Nº 049 del Ministro de la Producción y el Comercio, que impuso una multa por transgresión a la Ley de Protección al Consumidor. La Sala argumentó que el procedimiento administrativo se llevó a cabo conforme a la ley y que el banco no demostró que la cantidad reclamada no fue debitada indebidamente de la cuenta de la denunciante. Se reafirmó la obligación de los bancos de garantizar la seguridad de los fondos de sus clientes.

Efectuada la lectura del expediente y analizados los alegatos formulados por la parte recurrente y por la Procuraduría General de la República, así como la opinión presentada por la representación del Ministerio Público, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, contra la Resolución Nº 049, dictada por el Ministro de la Producción y el Comercio (hoy Ministro de Industrias Ligeras y Comercio), en fecha 12 de febrero de 2004, notificada el 17 del mismo mes y año, que ratificó el acto administrativo distado por el Presidente del Instituto Para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU); mediante el cual se sancionó a la recurrente con una multa de seiscientos noventa y seis mil novecientos sesenta bolívares (Bs. 696.960,oo), por haber transgredido el artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario, vigente para esa fecha, publicada en la Gaceta Oficial Nº 4.898 Extraordinario del 17 de mayo de 1995. En este sentido, se observa que los apoderados judiciales de la recurrente alegan la violación del derecho a la defensa y al debido procedimiento de su representada por cuanto, a su decir, se le notificó de manera defectuosa del procedimiento administrativo sancionador que se realizó en su contra, sin indicarle los cargos y hechos que se le imputaban, y el lapso que le otorgaron para ejercer su defensa dentro del aludido procedimiento fue insuficiente para tal fin. Al respecto, consta en el expediente administrativo de la presente causa, que el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) dio inicio a un procedimiento administrativo con motivo de la denuncia interpuesta en fecha 16 de febrero de 2000 por la ciudadana Belkis Bravo Cartaya, titular de la cédula de identidad Nro. 5.892.165, contra el Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal, por la sustracción de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 246.000,00) de su cuenta de ahorros Nº 477-003984-4, sin su consentimiento, a través de un telecajero.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL contra la Resolución Nº 049, dictada por el MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (hoy Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), en fecha 12 de febrero de 2004, notificada el 17 del mismo mes y año, que ratificó el acto administrativo dictado por el Presidente del Instituto Para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU); mediante el cual se sancionó a la recurrente con una multa de seiscientos noventa y seis mil novecientos sesenta bolívares (Bs. 696.960,oo), en virtud de la presunta transgresión del artículo 15 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario y, en consecuencia, queda FIRME el acto impugnado.