La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la parte demandada, en relación con una demanda de ajuste y homologación de pensión de jubilación presentada por la ciudadana Gloria Salazar. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia que había declarado improcedente la solicitud de falta de jurisdicción, afirmando que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer la demanda incoada. Además, se determinó que no había materia sobre la cual decidir en relación con la regulación de competencia formulada por la parte demandada.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca del recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la representación judicial de la parte demandada, en virtud de la decisión dictada en fecha 15 de diciembre de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en la que declaró improcedentes las solicitudes de falta de jurisdicción y 'declinatoria de competencia'. En tal sentido, constata la Sala que la demandante pretende con la acción incoada, el ajuste y la homologación de la pensión de jubilación, en virtud de haberse omitido los incrementos logrados por la contratación colectiva de los trabajadores activos, entre otros conceptos; siendo ello así y al requerirse en el caso de autos que la pensión de jubilación de la cual disfruta la parte actora, sea ajustada a los nuevos beneficios de los cuales han sido acreedores los trabajadores que prestan servicios para la demandada, no resultan aplicables al presente caso las disposiciones relativas a las negociaciones colectivas, consagradas en el artículo 469 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, ello por cuanto con la demanda incoada no se pretende: 'modificar las condiciones de trabajo, (…) reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas, o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores de la respectiva empresa (…)'. De lo expuesto, observa la Sala que no corresponde a la Inspectoría del Trabajo respectiva el conocimiento de la demanda interpuesta; por el contrario, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504 de fecha 13 de agosto de 2002, cuya entrada en vigencia se produjo el 13 de agosto de 2003, atribuye, en su artículo 29, competencia a los órganos jurisdiccionales y, en concreto, a los Tribunales del Trabajo, para conocer de: 'Artículo 29. (…) Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación y al arbitraje; Los asuntos de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social, de las estipulaciones del contrato de trabajo y de la seguridad social; 5. Los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos'. De la norma parcialmente transcrita se observa que, efectivamente, corresponde a los tribunales del trabajo conocer de los asuntos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales, y siendo que en el caso de autos estamos en presencia de una reclamación relacionada con el ajuste y homologación de la pensión de jubilación, deberá ser el tribunal del trabajo correspondiente el que conozca de la demanda incoada.
Dispositiva
1. El PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para conocer la demanda incoada por los abogados José de Jesús Díaz y Wilker Eduardo Gómez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana GLORIA SALAZAR, contra la sociedad mercantil C.V.G. VENALUM, S.A. 2. NO HAY MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR en relación con la regulación de competencia formulada. En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 15 de diciembre de 2004, mediante la cual el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, declaró improcedente la falta de jurisdicción alegada. Asimismo, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 274, 276 y 281 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en el recurso de regulación de jurisdicción. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal remitente. Cúmplase lo ordenado.