Sentencia N° 258 — Sala Político Administrativa del TSJ, 26 de marzo de 2026

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer la demanda presentada por varios ex trabajadores contra la empresa Transporte Kapetco, C.A. por diferencias de prestaciones sociales, indemnización por despido injustificado y otros beneficios laborales, basándose en la falta de agotamiento del procedimiento administrativo previsto en la Convención Colectiva Petrolera 2019-2021. La decisión confirma el fallo del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de Anzoátegui, que había declarado la falta de jurisdicción del Poder Judicial en este caso.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 numeral 20 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el artículo 26 numeral 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil, corresponde a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conocer la consulta de jurisdicción. En tal sentido, se observa lo siguiente: En el caso de autos, los accionantes solicitaron el pago de prestaciones sociales, indemnización por despido injustificado, paro forzoso y demás beneficios laborales, debido al incumplimiento de las cláusulas contractuales, relativas al pago de los conceptos contenidos en el contrato colectivo vigente de la empresa estatal petrolera. Por su parte, la representación judicial de la parte demandada, consignó escrito mediante el cual alegó y solicitó, entre otros aspectos, que el Tribunal de la causa declarara su falta de jurisdicción en el presente caso, en virtud de que: “(…) Analizadas las distintas solicitudes y los supuestos de hecho y derecho alegados contenidos en la presente demanda, los demandantes afirman de manera muy insistente que el punto medular de su reclamo, se basa en la aplicación de la CONVENCIÓN COLECTIVA PETROLERA, 2019-2021, por supuestamente no habérsele reconocido distintas diferencias en los beneficios laborales, [resaltó] que la Convención Colectiva Petrolera 2019-2021, la cual prevé un procedimiento administrativo conciliatorio PREVIO de carácter interno y vinculante para resolver aspectos como la exclusión de un trabajador o de una contratista de los beneficios de la convención colectiva petrolera, así como cualquier diferencia en el cálculo de las prestaciones sociales existiendo un órgano denominado en la actualidad, CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE CONTRATISTA (CAIC), de relaciones laborales de la sociedad mercantil Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Dicho procedimiento debe agotarse previamente, antes de dar inicio de la acción judicial intentada por los ex trabajadores, figura jurídica administrativa que acordaron las partes llamarse patrono-trabajador, para optimizar y ser vigilantes del cumplimiento de la referida convención colectiva vigente, de manera que existe en los casos in comento y así solici[tó] formalmente que sea declarada expresamente la FALTA DE JURISDICCIÓN del Poder Judicial, frente al Órgano Administrativo Interno de PDVSA, todo ello conforme al artículo 59 del Código de procedimiento Civil y por aplicación analógica del artículo 11 y 29 de la Ley Orgánica procesal del Trabajo”. Por sentencia dictada el 23 de octubre de 2025, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública, por órgano del Centro de Atención Integral de la Contratista, para conocer la presente acción, por cuanto consideró que “(…) no consta a los autos que, los extrabajadores (sic) hayan agotado el procedimiento administrativo tal y como lo estipula la Convención Colectiva Petrolera 2019-2021 (…)”. Conforme a lo antes expuesto, resulta necesario puntualizar que esta Sala -en casos similares al de autos- ha transcrito el contenido de la Convención Colectiva Petrolera invocada tanto en la sentencia objeto de la presente consulta, como por las partes contendientes en el presente asunto, y en tal sentido, advierte que se dispone en la cláusula 2 de la misma lo que sigue: “(…) CLÁUSULA 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL DE LA CONVENCIÓN Se encuentra amparado por esta CONVENCIÓN, el TRABAJADOR de la Nómina Contractual, comprendida por la Nómina Diaria y la Nómina Mensual de la EMPRESA; no así, aquél que atendiendo al principio de la primacía de la realidad sobre las formas y apariencias, desempeñe los puestos o trabajos contemplados en los artículos 37, 41 y 432 de la LOTTT. La promoción de un TRABAJADOR se realizará sin perjuicio de que la vacante que resulte con ocasión de la misma, sea cubierta conforme a lo previsto en las Cláusulas 35 y 56 de esta CONVENCIÓN. Asimismo, queda exceptuado de la aplicación de esta CONVENCIÓN, el empleado de la EMPRESA que pertenezca a la Nómina No Contractual; la cual está conformada por un personal que disfruta de una serie de beneficios y condiciones de trabajo, regidos por la NORMATIVA INTERNA de la EMPRESA, cuyas normas y procedimientos contemplan condiciones que en su conjunto no podrán ser inferiores a las existentes para el personal amparado por la presente CONVENCIÓN. No obstante esta excepción, la EMPRESA manifiesta su respeto a la libertad que tiene todo TRABAJADOR de afiliarse o no a una organización sindical, y de ejercer todos los derechos que en este aspecto la legislación laboral le concede; en virtud de lo cual, el personal de la Nómina No Contractual no será afectado en los derechos sindicales que le consagran la LOTTT y su Reglamento, y en este sentido no podrán ser impedidos de participar en actividades de mero ejercicio sindical. A los efectos de la aplicación de los mencionados artículos de la LOTTT, cualquier TRABAJADOR que no estuviere de acuerdo con su exclusión, podrá acogerse al Procedimiento en Caso de Diferencias estipulado en la Cláusula 77 de esta CONVENCIÓN. Si la decisión fuere favorable al TRABAJADOR, éste comenzará a disfrutar de todos los beneficios de la presente CONVENCIÓN, a partir de la fecha de la sentencia del tribunal o del Laudo Arbitral, sin que ello implique duplicidad con los beneficios que le han venido siendo aplicados como parte del personal no amparado por esta CONVENCIÓN, ni la retroactividad de los beneficios contractuales. En todo caso, la política laboral de la EMPRESA con relación a la i

1.- Que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por “DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO, PARO FORZOSO Y DEMÁS BENEFICIOS LABORALES, DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE CONFORMIDAD CON LA CONVENCIÓN COLECTIVA PETROLERA 2019-2021” presentada por los ciudadanos JESÚS ALBERTO LLOVERA ROJAS, AQUILES RAFAEL RIVAS, GILBERTO DOMINGO JAIMES, RODOLFO JOSÉ FIGUERA VALLEJO y LUIS BALTAZAR CHIVICO MEJÍAS, asistidos por los abogados Ana Gabriela Bello Saavedra, Manuel Freites y Manuel Alejandro Freites, contra la entidad de trabajo TRANSPORTE KAPETCO, C.A., todos antes identificados. 2.- Se CONFIRMA la decisión s/n sometida a consulta, dictada en fecha 23 de octubre de 2025, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui.