Sentencia N° 2461 — Sala Político Administrativa del TSJ, 7 de noviembre de 2006

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos presentada por la ciudadana Mirvia Rosa Rojas de Cifuentes contra la sociedad mercantil Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN). La Sala determinó que el Juzgado Noveno de Primera Instancia había declarado su falta de jurisdicción, argumentando que no le corresponde al Poder Judicial analizar la existencia de la posible causal de suspensión del contrato de trabajo invocada por las partes. La Sala observó que la parte actora alegó que su relación laboral se encontraba suspendida por causa de fuerza mayor al momento del despido, lo que llevó a la conclusión de que la Inspectoría del Trabajo debía determinar si la accionante estaba amparada por dicha causal y pronunciarse sobre la solicitud de calificación de despido. Finalmente, se confirmó la decisión consultada del Juzgado Noveno, declarando que el Poder Judicial no tiene jurisdicción para conocer el asunto planteado. La sentencia fue firmada y sellada en Caracas el 7 de noviembre de 2006, y se publicó el 8 de noviembre de 2006.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta sometida a su conocimiento y, en tal sentido, observa que en el caso de autos el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró su falta de jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por el apoderado judicial de la ciudadana Mirvia Rosa Rojas de Cifuentes, bajo el argumento de que al momento del producirse el despido se le había impedido su ingreso a las instalaciones de PEQUIVEN, en reiteradas oportunidades. En efecto, de las actas procesales que conforman el expediente, observa la Sala que la parte actora indicó en su escrito de promoción de pruebas, lo siguiente: “... Promuevo marcado “E”, (…) ‘Prueba de Inspección Judicial efectuada por el Juzgado Vigésimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, por solicitud de trabajadores de PEQUIVEN, en fecha 15 de enero de 2003’, (…) donde se dejó constancia (…) que (…) algunos de los trabajadores de Pequiven procedieron a colocar su carnet en los torniquetes electrónicos, no pudiendo acceder con los mismos a las instalaciones de Pequiven…”. En este sentido, aprecia la Sala que lo alegado por los apoderados judiciales de la parte accionante hace presumir que para el momento del despido, la relación laboral se encontraba suspendida por causa de fuerza mayor, conforme a lo establecido en el artículo 94 literal h) de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual dispone: “Artículo 94: Serán causas de suspensión: (…omissis…) h) Casos fortuitos o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores. (…omisis…) Artículo 96. Pendiente la suspensión, el patrono no podrá despedir al trabajador afectado por ella, sin causa justificada debidamente comprobada mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII de esta Ley. Si por necesidades de la empresa tuviere que proveer su vacante temporalmente, el trabajador será reintegrado a su cargo al cesar la suspensión.”.

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, incoada por la ciudadana MIRVIA ROSA ROJAS DE CIFUENTES, contra la sociedad mercantil PETROQUÍMICA DE VENEZUELA, S.A., (PEQUIVEN). En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 27 de julio de 2006, mediante la cual el Tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.