La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Banco de Venezuela contra la Resolución N° 058 del Ministerio de la Producción y el Comercio. La decisión ratifica la multa impuesta por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU) por transgresiones a la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario. La Sala concluye que el procedimiento administrativo cumplió con las garantías de defensa y debido proceso, desestimando las alegaciones de la recurrente sobre vicios de procedimiento y violaciones a derechos fundamentales.
Extracto de la motiva
La Sala precisa que los medios de defensa que utilizó la recurrente para disentir de la voluntad administrativa no constituyen un impedimento para que sean analizados ambos actos, por ser el primero de ellos fundamento del segundo. Sostener lo contrario denotaría una interpretación fragmentada y excesivamente formalista de los términos del recurso, opuesto al deber constitucional de garantizar una justicia accesible, equitativa y sin formalismos inútiles. En cuanto a la denuncia del vicio de falso supuesto de hecho, se alega que la Administración partió de la errada apreciación de los hechos contenidos en el expediente administrativo, cuando consideró que, aun cuando el Banco haya intervenido en el procedimiento administrativo respectivo, haya podido alegar y probar en su defensa y haya sido notificado de las distintas resoluciones dictadas por la administración, permitiéndosele impugnarlas en tiempo oportuno, era suficiente desestimar la violación de los mencionados derechos fundamentales.
Dispositiva
1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los abogados Gerardo Fernández y Víctor Robayo de la Rosa, actuando con el carácter de apoderados judiciales del BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución N° 058 dictada por el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIAS LIGERAS Y EL COMERCIO), en fecha 27 de febrero de 2004 y notificada el 30 de marzo de 2004, la cual ratificó el acto administrativo dictado por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en fecha 6 de noviembre de 2002. 2.- FIRME el acto administrativo impugnado.
Palabras clave
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