La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de regulación de jurisdicción interpuesto por la parte demandada, PDVSA Petróleo, S.A., en relación a la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos presentada por los ciudadanos Régulo Antonio Rivero Vicuña y Carlos Eduardo de la Chiquinquirá Urribarri Oquendo. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la solicitud de calificación de despido, ya que los demandantes alegaron que sus despidos fueron injustificados y no incurrieron en causales de despido justificado según la Ley Orgánica del Trabajo.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 05 de junio de 2006, mediante la cual afirmó su jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, incoada por los ciudadanos Régulo Antonio Rivero Vicuña y Carlos Eduardo de la Chiquinquirá Urribarri Oquendo, contra la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A. En tal sentido, se observa de las actuaciones cursantes en el expediente que los accionantes en sus escritos de solicitud presentados ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fechas 28 de enero y 12 de marzo de 2003, respectivamente, expusieron lo siguiente: “(…) de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos vigente, acudo ante usted muy respetuosamente para solicitarle califique mi despido como injustificado, (…) por cuanto estoy cubierto por la estabilidad absoluta de que disfrutan los trabajadores petroleros en este país (…)”. Por otra parte, en diligencias presentadas en fechas 30 de octubre de 2003 y 08 de enero de 2004, respectivamente, las representaciones judiciales de los accionantes, alegaron lo siguiente: “Adicional a la Estabilidad Absoluta que le otorga a mi representado el artículo 32 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, también está protegido mi mandante por la Estabilidad Absoluta convencional establecida en la Cláusula 49 de la Convención Colectiva del Trabajo Petrolera, suscrita entre PDVSA PETRÓLEO S.A., DELTAVEN S.A., PDVSA GAS S.A., BARIVEN S.A. con FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS, SINUTRAPETROL y los Delegados de Empresa, la cual fue legalmente depositada en el Ministerio del Trabajo, Dirección de Inspectoría Nacional y Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público en fecha 23 de septiembre de 2002, y la cual todavía se encuentra vigente (…)”. Así las cosas, de lo anteriormente expuesto observa la Sala, que los accionantes señalaron en sus respectivos escritos que gozaban de “estabilidad absoluta”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos y en la Cláusula 49 de la Convención Colectiva del Trabajo Petrolera.
Dispositiva
1.- Que el PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN, para conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por los ciudadanos RÉGULO ANTONIO RIVERO VICUÑA y CARLOS EDUARDO DE LA CHIQUINQUIRÁ URRIBARRI OQUENDO, en contra de la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A. 2.- IMPROCEDENTE el recurso de regulación de jurisdicción ejercido por la representación judicial de la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A. En consecuencia, se confirma la decisión de fecha 05 de junio de 2006, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en cuanto a la jurisdicción. Se condena en costas a la sociedad mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 y 276 del Código de Procedimiento Civil.