TSJ/SPA, Sent. N° 02344, Exp. 1076, 23/10/2001 · 18 de octubre de 2001
Extracto de la motiva
Pasa esta Sala a decidir acerca del recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana LUISA DEL VALLE MELCHOR DE LEON contra el acto administrativo contenido en el Oficio S/F emanado del Director General Sectorial de Defensa y Protección Social del Ministerio de Justicia, por el cual se le destituye del cargo que venía ejerciendo, en los términos siguientes: 1.- En relación al vicio de incompetencia denunciado, observa esta Sala que constan en autos, como parte del expediente administrativo, copias fotostáticas de la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 34.841 del 14 de noviembre de 1991, en la que aparece Resolución Nº 229 emanada del Ministerio de Justicia y mediante el cual, el Ministro de Justicia (actualmente Interior y Justicia) delega en el ciudadano Ernesto Cuberos Lessman, en su condición de Director General Sectorial de Defensa y Protección Social de dicho Ministerio, la firma de una serie de actos, entre ellos destituciones y movimientos de personal. Al respecto, se observa que la delegación de firmas constituye un mecanismo por el cual, el delegante atribuye al delegado la firma de los actos administrativos que son de su competencia, no así la competencia, siendo por tanto el funcionario delegante responsable de la decisión. Ahora bien, consta en el expediente administrativo, un punto de cuenta de fecha 7 de abril de 1992, el cual fue sometido a consideración y aprobación del entonces ciudadano Ministro de Justicia, por parte del Director General Sectorial de Defensa y Protección Social, relacionado con la destitución de la ciudadana Luisa del Valle Melchor, punto éste que fué aprobado. Asimismo, se observa que el Director General Sectorial de Defensa y Protección Social del Ministerio de Justicia, firmó la notificación contentiva del acto impugnado, autorizado por la Resolución Nº 229 dictada por el Ministerio de Justicia, con base al artículo 20, ordinal 25º de la Ley Orgánica de Administración Central vigente para esa época. No obstante, se observa que esta notificación no cumple con lo establecido en el artículo 18, ordinal 7º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, al omitir la mención de que fue firmado por un funcionario autorizado para ello por delegación de firmas, sin embargo, tal circunstancia no vicia el acto recurrido, más aún cuando consta en el expediente administrativo, el acto que delega la firma. En consecuencia, se desestima la denuncia de incompetencia formulada y así se decide. 2.- En cuanto al vicio de inmotivación alegado, la jurisprudencia ha dejado sentando que éste se produce cuando no es posible conocer cuáles fueron los motivos del acto y sus fundamentos legales, o cuando los motivos del acto se destruyen entre sí, por ser contrarios y contradictorios. En efecto, advierte la Sala que la insuficiente motivación de los actos administrativos, sólo da lugar a su nulidad cuando no permite a los interesados conocer los fundamentos legales y los supuestos de hecho que constituyeron los motivos en que se apoyó el órgano administrativo para dictar la decisión, pero no cuando, a pesar de la sucinta motivación, ciertamente, permite conocer la fuente legal, las razones y los hechos apreciados por el funcionario. En este sentido, se ha indicado que: “...la inmotivación como vicio de forma de los actos administrativos, consiste en la ausencia absoluta de motivación; más no aquélla que contenga los elementos principales del asunto debatido y su principal fundamentación legal, lo cual garantiza al interesado el conocimiento del juicio que sirvió de fundamento para la decisión. De manera, que cuando a pesar de ser sucinta permite conocer la fuente legal, así como las razones y hechos apreciados por el funcionario, la motivación debe reputarse como suficiente. En suma a lo anterior, hay inmotivación ante un incumplimiento total de la Administración de señalar las razones que tuvo en cuenta para resolver, en cambio, no hay inmotivación cuando el interesado, los órganos administrativos o jurisdiccionales al revisar la decisión, pueden colegir cuáles son las normas y hechos que sirvieron de fundamento de la decisión. Luego, si es posible hacer estas determinaciones, no puede, ciertamente, hablarse de ausencia de fundamentación del acto”.(Sentencia N° 318 de esta Sala del 7/3/2001). Del contenido del expediente administrativo y del propio acto recurrido, en el cual se fundamenta la destitución de la recurrente en la violación de los artículos 5 de la Ley de Régimen Penitenciario, artículos 3 y 37 ordinales 4 y 10 del Reglamento de Internados Judiciales, en concordancia con los artículos 35 eiusdem, 48 y 74 al 78 del Reglamento de la Ley de Régimen Penitenciario, se demuestran los motivos que tuvo la autoridad para dictar la providencia recurrida. En consecuencia, debe desestimarse la denuncia formulada a tal efecto y así se decide. 3.- En lo concerniente a la violación de los artículos 73 y siguientes de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, porque en la oportunidad de la notificación del acto recurrido no se le indicaron a la recurrente los recursos que se podían interponer contra el mismo, ni los lapsos para dicha interposición, observa la Sala que esto resulta cierto. Sin embargo, los vicios resultaron subsanados con la interposición tempestiva tanto de los recursos administrativos como del recurso de nulidad interpuesto ante el Juzgado Superior, pues debe tenerse en cuenta que la finalidad esencial de la notificación es otorgarle eficacia al acto recurrido y al mismo tiempo establecer la fecha cierta del inicio del lapso respectivo para la interposición de los recursos que correspondían. Así se decide. 4.- Finalmente, en relación a la denuncia de violación del derecho a la defensa, cabe destacar que ya en anteriores oportunidades se ha pronunciado esta Sala sobre aquellos aspectos esenciales que el Juzgador debe constatar previamente, para declarar la violación del derecho a la defensa consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna, señalando primordialmente entre dichos aspectos, el que la Administración haya resuelto un asunto sin cumplir con el procedimiento legalmente establecido o que haya impedido de manera absoluta, que los particulares, cuyos derechos e intereses puedan resultar afectados por un acto administrativo, pudieran haber participado en la formación del mismo. (Cfr. Sentencia de fecha 11 de octubre de 1995, caso: Corpofin, C.A., Exp. 11.553). En efecto, la garantía del derecho a la defensa viene dada en el marco de un procedimiento administrativo determinado, por el deber de la Administración de notificar a los particulares de la iniciación de cualquier procedimiento en el cual podrían resultar afectados sus derechos subjetivos e intereses legítimos, con el fin de que puedan acudir a él, exponer sus alegatos y promover las pruebas que estimen conducentes para la mejor defensa de su situación jurídica. Debe esta Sala conforme a los criterios antes expuestos, verificar si la Administración incumplió con su deber de notificar al recurrente sobre la iniciación del procedimiento administrativo sancionatorio o el no haberle permitido que acudiera al expediente con el objeto de que pudiera alegar y probar todo aquello que creyera conveniente para su defensa. En este sentido se observa que al folio 11 del expediente administrativo, cursa la notificación efectuada a la recurrente, en fecha 6 de febrero de 1992, sobre la apertura de la averiguación administrativa que dio origen al acto administrativo impugnado, notificación en la que consta su firma como prueba de ello. Observa igualmente esta Sala que a los folios 23 y 24 del expediente administrativo aparece declaración de la recurrente tomada de fecha 11 de febrero de 1992, en la cual se le impuso de los motivos de su comparencia, y presentó sus alegatos respecto de los hechos que se le imputaban. Resulta indudable del examen efectuado por esta Sala sobre las actuaciones contenidas en el expediente administrativo, que el órgano administrativo no violó de forma alguna el derecho a la defensa de la recurrente, sino que por el contrario, cumplió con el deber de notificarla de la apertura del correspondiente procedimiento, a los fines de que declarara con respecto de los hechos y promoviera las pruebas que considere pertinentes Así se decide.