Sentencia N° 232 Político-Administrativa TSJ 2000: Hipolito Guzman Briceño vs Universidad Nacional Experimental Simón…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda interpuesta por Hipólito Guzmán Briceño contra la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, por daños morales y materiales derivados de su destitución. La Sala determinó que, dado que la cuantía de la demanda excede los cinco millones de bolívares y la parte demandada es un instituto autónomo, corresponde a esta Sala conocer del caso. Se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia, que había declarado con lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada, y se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie sobre otros extremos de admisibilidad. La decisión fue firmada el 24 de febrero de 2000, en el marco de la nueva estructura del Tribunal Supremo de Justicia establecida por la Constitución de 1999.

La presente demanda, la cual fue declinada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas al conocimiento de esta Sala, versa sobre el reclamo de daños morales y materiales presuntamente ocasionados al ciudadano Hipólito Guzmán Briceño, por su destitución del cargo de administrador II, que desempeñaba en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en virtud de que supuestamente los hechos imputados no fueron probados de manera fehaciente. De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, se desprende que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra algún instituto autónomo, es necesario que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares y su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. En el caso de autos se observa que la parte demandada es una Universidad Nacional Experimental, la cual se asemeja a un instituto autónomo, en virtud de que ambas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional además, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Universidades, se trata de una institución al servicio de la Nación formando parte de la Administración Pública Nacional y, por tanto, cualquier acción o recurso que se ejerza en su contra corresponde su conocimiento, al igual que los institutos autónomos, a la jurisdicción contencioso administrativa. En efecto, en el presente caso se constata lo siguiente: La parte demandada es la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, y según se desprende del Decreto 1.582, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela en fecha 25 de enero de 1.974 - que la crea- y conforme al criterio reiterado de nuestra jurisprudencia, es una institución al servicio de la Nación, formando parte de la Administración Pública Nacional; Los daños y perjuicios demandados se estimaron por la cantidad de DOCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.12. 000.000,00), por lo que excede del mínimo exigido; y su competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad.

PRIMERO: Acepta la Competencia que le fuera declinada por el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, mediante decisión de fecha 27 de junio de 1.994, que declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada. SEGUNDO: Ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. Cúmplase lo ordenado.