Sentencia N° 2154 Político-Administrativa TSJ 2000: Ennis Teresita Ferrer Escandela vs Unidad Educativa ALI Primera

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de calificación de despido interpuesta por Ennis Teresita Ferrer Escandela contra la Unidad Educativa Ali Primera. El tribunal a quo había declinado su jurisdicción a favor de la Inspectoría del Trabajo, argumentando que el despido se produjo durante un período de inamovilidad laboral establecido por un Decreto Presidencial. La Sala confirmó esta decisión, reconociendo la competencia de la Administración Pública para dirimir sobre la calificación de despidos en tales circunstancias.

El Tribunal a quo fundamentó su decisión de conformidad con lo establecido en el Decreto Presidencial No 892, supra determinado, por cuanto estimó que, dicho acto, estatuye o garantiza a los trabajadores una estabilidad laboral por sesenta (60) días a partir del 03 de julio de 2000; siendo, que las empresas se encontraban obligadas a cumplir con el aludido Decreto sin disminución de trabajadores en su nómina; situación ésta que de ser incumplida, daría derecho al trabajador de solicitar su reincorporación. Todo lo cual, en criterio del a quo, hacía forzoso ordenar la prosecución de la causa ante la Inspectoría del Trabajo, mediante la declaratoria de falta de jurisdicción del juez laboral frente a la Administración Pública.

En virtud de lo antes expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que CORRESPONDE A LA INSPECTORIA DEL TRABAJO, el conocimiento para decidir sobre la solicitud de calificación de despido interpuesta por la ciudadana ENNIS TERESITA FERRER ESCANDELA, en contra de la UNIDAD EDUCATIVA ALI PRIMERA, ambas partes antes identificadas. En consecuencia, se confirma la decisión del Juzgado a quo dictada en fecha 19 de julio de 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen y se le ordena exigir las credenciales profesionales del ciudadano que dice asistir como abogado a la querellante en el presente juicio. Cúmplase lo ordenado.