Sentencia N° 1947 Político-Administrativa TSJ 2000: Carmen Luisa Barrios de Castellanos vs C.A. Electricidad de LOS Andes (Cadela)

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de calificación de despido presentada por Carmen Luisa Barrios de Castellanos contra la C.A. Electricidad de los Andes. La Sala determinó que la competencia para conocer sobre la inamovilidad invocada corresponde a la Administración Pública, específicamente a la Inspectoría del Trabajo, y no a los tribunales laborales. Se confirma la decisión del tribunal de instancia que declaró la falta de jurisdicción para conocer del caso.

Corresponde a esta Sala aclarar como punto previo que la regulación de competencia solicitada por la parte demandada, no es otra cosa que una regulación de jurisdicción, por cuanto lo que está en controversia en este asunto no es la competencia de un juez frente a otro juez del Poder Judicial, sino más bien lo que se plantea es un conflicto de jurisdicción entre el Poder Judicial y la Administración Pública, y en consecuencia así deberá ser regulado. Una vez proferida la anterior aclaratoria, pasa la Sala a observar que en el caso de autos, ha sido alegada por la parte accionante la inamovilidad, que de conformidad con lo establecido en el primer aparte del artículo 454, de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde dilucidar a la Inspectoría del Trabajo. En efecto, dicho artículo establece que la jurisdicción corresponde a la Administración Pública, esto es, a la Inspectoría del Trabajo, a la cual podrá ocurrir el trabajador que, gozando de fuero sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades estatuidas en el artículo 453 ejusdem, dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, a fin de solicitar al Inspector de Trabajo, el reenganche o la reposición a su situación anterior. Adicionalmente debe señalarse que, cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, debe solicitar la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, tal como lo establece el señalado artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo, norma ésta que, siendo aplicable al presente caso y que atribuye el conocimiento a la Administración Pública, esto es, a la Inspectoría del Trabajo, pasó inadvertida por la demandada. Así se declara.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que corresponde a la Administración Pública conocer y decidir la solicitud de inamovilidad interpuesta por la ciudadana CARMEN LUISA BARRIOS DE CASTELLANOS, titular de la cédula de identidad Nº 3.904.281, contra la C.A. ELECTRICIDAD DE LOS ANDES (CADELA), en la persona del ciudadano HECTOR RAMÓN ROSARIO, titular de la cédula de identidad Nº 4.314.800, en su carácter de Gerente de la Empresa en el Estado Trujillo. En consecuencia, se confirma la decisión del Tribunal a quo dictada en fecha 27 de junio del año 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.