Sentencia N° 1907 Político-Administrativa TSJ 2000: Tania Dolimar Montero — Falta de jurisdicción en procedimiento disciplinario

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer un procedimiento disciplinario. Se determinó que el acto administrativo sancionador no era apelable, sino que debía ser objeto de un recurso de reconsideración ante la misma autoridad que lo dictó. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado que no tenía jurisdicción para conocer del asunto, lo que fue confirmado por esta Sala.

No hay duda, pues, que de la decisión mediante la cual un juez impone una sanción disciplinaria a su funcionario adscrito a su Tribunal es un acto administrativo, naturaleza que le ha sido reconocida en reiterada jurisprudencia de esta Corte. No se trata de una sentencia y, por tanto, no cabe ejercer contra ella los medios de impugnación articulados por el legislador para atacar las decisiones dictadas por los órganos del Poder Judicial en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En el caso de autos, la funcionaria sancionada interpuso ante el mismo juzgado autor del acto sancionatorio un escrito que ‘versa –en sus palabras- sobre la reconsideración del caso’; en dicho escrito, concluye manifestando lo siguiente: ‘APELO de la decisión de fecha Diecinueve (19) de Octubre de 1994 y en consecuencia, solicito se sirva reconsiderar mi situación, a los fines de resolver a ocupar mi sitio de trabajo como ASISTENTE JUDICIAL II’. Basándose en la expresión ‘apelo’ contenida en la referida solicitud, el juzgado estimó que se trataba de una apelación, la oyó en doble efecto y ordenó remitir el expediente al tribunal que consideró competente para conocer de la misma. Ahora bien, tanto de la naturaleza administrativa del acto sancionatorio como del contenido del escrito presentado por la funcionaria, se desprende sin duda alguna que lo ejercido no fue una apelación sino un recurso administrativo de reconsideración ante el órgano autor del acto, pues es a éste mismo a quien solicita ‘reconsiderar’ su situación y reincorporarla a su mismo cargo. Siendo ello así, carece esta Corte de jurisdicción para conocer al respecto.

En virtud de los razonamientos arriba expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCION PARA CONOCER Y DECIDIR el presente asunto. En consecuencia, se confirma la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, en fecha 30 de junio de 1995.