Sentencia N° 1784 Político-Administrativa TSJ 2000: Rafael Celestino Nadales Bello vs Geral Finke — Calificación de despido

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de calificación de despido interpuesta por Rafael Celestino Nadales Bello contra Geral Finke. Se confirma la decisión del tribunal de origen que declaró sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción, considerando que corresponde al Poder Judicial conocer y decidir sobre la solicitud de calificación de despido. Además, se impone una multa a la parte demandada por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción infundada.

En el caso de autos, ha sido solicitada por la parte accionante la calificación de despido, que de conformidad con lo establecido en el segundo aparte, del artículo 116, de la Ley Orgánica del Trabajo, le corresponde al Poder Judicial. En efecto, dicho artículo establece que la jurisdicción corresponde al Poder Judicial, esto es, al Juez, al cual el trabajador podrá ocurrir cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que éste la califique y ordene su reenganche y pago de salarios caídos, si el despido no se fundamentó en una justa causa de conformidad con dicha Ley. Así se declara.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que corresponde Poder Judicial conocer y decidir la solicitud de calificación de despido interpuesta por el ciudadano RAFAEL CELESTINO NADALES BELLO, titular de la cédula de identidad Nº 8.244.659, contra el ciudadano GERAL FINKE, titular de la cédula de identidad Nº 80.338.879, en su carácter de “Jefe del Bar Restaurant El Cambur”. En consecuencia, se confirma la decisión del Tribunal a quo dictada en fecha 2 de noviembre de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.