Sentencia N° 1739 Político-Administrativa TSJ 2001: Oswaldo Vera, Fernando Rodríguez, Teodoro… vs Consejo Nacional de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso contencioso administrativo interpuesto por varios ciudadanos en representación de asociaciones y sindicatos gremiales de trabajadores administrativos, debido a su incompetencia para conocer del caso. La decisión se basa en que el acto administrativo impugnado se originó por el silencio administrativo del Consejo Nacional de Universidades, lo que implica que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es la competente para conocer del recurso. La Sala establece que el acto administrativo que causó estado fue la no decisión del recurso de reconsideración interpuesto ante el Consejo Nacional de Universidades.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, esta Sala pasa a pronunciarse sobre la competencia para conocer del recurso que cursa en autos, y a tal efecto observa: Conforme a lo estipulado en el artículo 259 de la Constitución vigente, la jurisdicción contencioso-administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley; siendo competentes los órganos de esta jurisdicción para anular los actos administrativos generales o particulares contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. De acuerdo con lo anterior, el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una ley y en función administrativa), son del conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. De esta forma, la Constitución de 1999, en la normativa prevista en el artículo 266, numerales 4 y 5, establece: “Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 4. Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal. 5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente. (...) La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas salas conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley”. (Subrayado de la Sala) De manera que la nueva Constitución atribuye a la Sala Político- Administrativa el conocimiento de las acciones de nulidad contra los actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, con independencia de que los vicios lo sean por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.

En virtud de lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE debido a su incompetencia, el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de amparo constitucional ejercida subsidiariamente con solicitud de suspensión de efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, por los ciudadanos OSWALDO VERA, FERNANDO RODRÍGUEZ, TEODORO CHIRINOS, ZORAIDA ARRÁIZ DE AMARILLO, EMILIO HERNÁNDEZ y ELIZABETH TOTESAUT, actuando en representación de las asociaciones y sindicatos gremiales de trabajadores administrativos: ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE LA UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR (ATAUSIBO), SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (SUEAUNEXPO), ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA (AEUNEFM), SINDICATO ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA (ATAUNEG), SINDICATO DE PROFESIONALES Y TÉCNICOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (SIPRUSIR) y ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL SIMÓN RODRÍGUEZ (ATAUSIR), miembros del FRENTE NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS, debidamente asistidos por los abogados ANTONIO ESPINOZA PRIETO y ANTONIO RUJANA SAAVEDRA, contra el acto administrativo antes identificado. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.