Sentencia N° 1671 Político-Administrativa TSJ 2000: Compañía Anónima Nacional Telefonos de… — Avocamiento en caso laboral de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la decisión N° 01671, admitió la solicitud de avocamiento presentada por la representación de los trabajadores de la C.A.N.T.V. en relación a la providencia administrativa N° 1 de fecha 11 de marzo de 1999, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador. La Sala constató un desorden procesal que afectaba el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores, quienes no habían podido hacer valer sus derechos tras la ejecución de una sentencia anterior del Tribunal Superior Sexto del Trabajo. La Sala declaró nulas varias decisiones previas, incluyendo la providencia administrativa y la sentencia del Juzgado Superior Sexto, y ordenó el reenganche de los trabajadores de la C.A.N.T.V. a sus puestos de trabajo, así como el pago de salarios caídos desde su desincorporación. La decisión reafirma la importancia del derecho a la ejecución de sentencias y la responsabilidad del Estado en garantizar la justicia laboral. Finalmente, se ordenó remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia del Trabajo para que se designe el tribunal encargado de cumplir con la decisión, así como la remisión de copias al Ministerio Público para investigar la responsabilidad de los jueces involucrados en el caso.

La Sala Político-Administrativa, al avocarse al conocimiento de la presente causa, ha advertido que el problema en el caso de autos trasciende el mero interés individual y trastoca la noción de orden público, por cuanto de las actas del expediente, este Máximo Tribunal constata de manera palmaria y evidente, un desorden procesal que compromete el buen nombre, la buena administración, la autonomía y la credibilidad del Sistema de Justicia, y que atenta a su vez, contra las garantías del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados, quienes no han logrado asirse al derecho declarado en sentencia dictada por un tribunal de última instancia con competencia laboral, dadas las múltiples circunstancias procesales obstaculizadoras de tal fin. La circunstancia antes mencionada, legitimó a esta Sala Político-Administrativa para avocarse de manera “excepcional” y “extraordinaria” al conocimiento de una causa, cuyo conocimiento le es atribuido ordinariamente a la esfera de los Tribunales con competencia en materia laboral, sin que por ello pueda concluirse, y así expresamente lo reafirma esta Sala, que dicho avocamiento constituye en modo alguno, una tercera instancia de control de la actividad jurisdiccional y de las partes litigiosas. Cuestión distinta es que, perteneciéndole a la jurisdicción contencioso administrativa (siendo este órgano jurisdiccional el máximo jerarca en la estructura de dicha jurisdicción) el último control de la actividad del Poder Público (dentro del cual se ubica el Poder Judicial) en los términos dispuestos en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por cuanto los desórdenes procesales evidenciados, atentan contra la majestad, decoro, disciplina y confiabilidad en el Poder Judicial. El fundamento del derecho a la ejecución de los fallos judiciales, encuentra su base rectora en los principios que a continuación este Máximo Tribunal, pasa a desarrollar: 1.- Principios rectores del derecho a la ejecución de sentencias. En diversos ordenamientos jurídicos, ha surgido la necesidad de ir construyendo por la vía jurisprudencial, lo relativo al tema de la constitucionalización del derecho a la ejecución de las sentencias, como un medio de garantizar la efectividad de los fallos judiciales, y por tanto, de la tutela judicial efectiva.

1.- Declara NULA, la providencia administrativa signada con el Nº 1 de fecha 11 de marzo de 1999, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Federal, dictada en ejecución del fallo dictado por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 2.- Declara NULA, la sentencia antes referida, emitida por el mencionado Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en fecha 22 de diciembre de 1998, quien a su vez conoció en segunda instancia contra la decisión dictada por el Juzgado de primera Instancia del Trabajo en fecha 6 de marzo de 1997, que declaró parcialmente con lugar la apelación interpuesta por unos trabajadores de la C.A.N.T.V. y parcialmente con lugar un recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos, contra las providencias administrativas Nros. 3897, 3997 y 4097, emanadas por el Inspector del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Federal, que declararon con lugar la solicitud de reenganche y pago de los salarios caídos de los ciudadanos que en las dispositivas de dichos actos señalan, todos trabajadores de la C.A.N.T.V.. Igualmente declara NULA la mencionada sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. 3.- Asimismo, declara NULOS los autos de fecha 8 de abril de 1999 y 9 del mismo mes y año, dictados por el mencionado Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante los cuales, de manera respectiva, se admitió el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con suspensión de efectos por la C.A.N.T.V. contra la Providencia Administrativa Nº 1 de fecha 11 de marzo de 1999 emanada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador, y se suspendió los efectos de la mencionada providencia administrativa. 4.- DECLARA la validez de las providencias administrativas dictadas por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Federal, signadas con los Nros. 3897, 3997 y 4097 de fecha 16 de abril de 1997 y ORDENA el reenganche de los trabajadores de dicha empresa (C.A.N.T.V.) a sus puestos de trabajo, con el consecuente pago de los salarios caídos, desde el momento de su desincorporación, hasta la fecha en que se produzca la ejecución de la presente decisión, quedando de manera expresa, que el contenido de la presente decisión, solamente ampara a aquellos trabajadores que intentaron la acción de reenganche y que se indican en las referidas providencias administrativas.