Sentencia N° 1652 Político-Administrativa TSJ 2000: Fernando Lizardo Olivero vs Alcaldia DEL Municipio Libertador DEL…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia planteado en un juicio por calificación de despido. El demandante, Fernando Lizarido Olivero, alegó haber sido despedido injustificadamente de la Alcaldía del Municipio Libertador. La Sala determinó que el caso debía ser conocido por los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo, dado que el demandante era un funcionario público y la acción debía ser interpuesta ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El accionante alegó que fue “despedido”, en fecha 31 de mayo de 1999, de la Alcaldía del Municipio Libertador donde se desempeñaba como Ejecutivo de Rentas, en el Departamento Ejecutivo de Rentas adscrito a la Gerencia de Recaudación de la Superintendencia Municipal de Administración Tributaria (S.U.M.A.T). Asimismo, en la solicitud alegó haber sido despedido por el ciudadano Antonio Ledezma, actuando con el carácter de Alcalde del Municipio Libertador, y en la ampliación de la solicitud, señaló haber sido despedido por el ciudadano José Ramón Carpio, actuando con el carácter de Jefe de Recursos Humanos de la misma Alcaldía anteriormente referida y, en ambos casos, sostiene haber sido despedido injustificadamente, ya que no incurrió en ninguna de las causales pautadas en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. En el caso sub iudice debe esta Sala precisar, como primer punto, con el fin de la determinación de la competencia, el alcance de la Ley Orgánica del Trabajo, ya que la solicitud se formuló con fundamento en disposiciones contempladas en esta ley. En efecto, el accionante, cuando solicitó la calificación de despido, el reenganche, pago de salarios caídos, alegó que no había incurrido en ninguna de las causales de despido justificado establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, el artículo 8 eiusdem, dispone: “Los funcionarios o empleados públicos Nacionales, Estadales o Municipales se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa Nacionales, Estadales o Municipales, según sea el caso, en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión, retiro, sistemas de remuneración, estabilidad y régimen jurisdiccional...”(Subrayado de la Sala). De la norma transcrita resulta forzoso señalar que al ser el solicitante un funcionario público al servicio de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Federal, se encontraba excluido del ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo y, por tanto, el acto administrativo recurrido resulta accionado bajo una errónea calificación, al denominar la acción como “calificación de despido” y solicitar su “reenganche y el pago de salarios caídos”, obviando su condición de funcionario público, cuando lo conducente, en el caso bajo estudio, era solicitar la reincorporación y el pago de los sueldos dejados de percibir.

PRIMERO: LA COMPETENCIA para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano FERNANDO LIZARDO OLIVERO, contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO FEDERAL, le corresponde a uno de los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a cuyo Distribuidor se ordena remitir el expediente. SEGUNDO: REMÍTASE con oficio, copia certificada de la presente decisión al Tribunal de Carrera Administrativa y al Juzgado Décimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.