Sentencia N° 1648 Político-Administrativa TSJ 2000: Oficina Técnica Cottin-Garcia, C.A. vs Instituto Venezolano de LOS Seguros…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la cuestión previa opuesta por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en un juicio por incumplimiento de contrato. La parte demandada alegó que no se había agotado el procedimiento administrativo previo requerido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, la Sala determinó que el Instituto es un ente autónomo y que dicha exigencia no le es aplicable, por lo que declaró sin lugar la cuestión previa.

Vistos los escuetos alegatos aportados por ambas partes, corresponde a la Sala emitir su pronunciamiento. En primer lugar, se aprecia que la cuestión previa opuesta es la contenida en el ordinal 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, consistente en la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta; alegando la parte demandada, que en el presente caso no se ha agotado el procedimiento administrativo previo, contenido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Frente a este alegato, la representación de la parte accionante argumenta, que si bien es cierto se trata de un organismo autónomo con personalidad jurídica propia y patrimonio separado, “...se le demanda por incumplimiento del contrato cuya copia fue agregada al libelo de la demanda. Se trata de una ejecución de obras realizado cuyo pago no se hizo efectivo...” en consecuencia el alegato expuesto por la parte demandada resulta improcedente. Estima esta Sala necesario determinar la naturaleza jurídica del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y su ubicación dentro de la organización administrativa, a los fines de determinar la procedencia de la cuestión previa alegada. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es un ente público autónomo, no territorial, con personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio, creado por ley y forma parte dentro de la organización administrativa venezolana de la Administración Pública Nacional, a pesar ser un ente descentralizado funcionalmente. En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.

En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la cuestión previa opuesta en el presente caso por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.), en fecha 14 de diciembre de 1999, prevista en el ordinal 11° del Código de Procedimiento Civil, en el juicio incoado en su contra por la sociedad mercantil OFICINA TÉCNICA COTTIN-GARCIA, C.A., ambas partes antes identificadas. En virtud de que la presente decisión se dicta fuera del lapso legal, se ordena notificar a las partes para la continuación del curso de la causa. Se condena en costas a la parte demandada, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de conformidad con las previsiones contenidas artículos 357, 274 y 287 del Código de Procedimiento Civil, disposiciones que resultan aplicables por remisión expresa que se hace en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones al Juzgado de Sustanciación. Cúmplase lo ordenado.