Sentencia N° 1468 Político-Administrativa TSJ 2001: Felix Enrique Paez, Mirian Celis, Leocadio… vs Compañía Anónima Nacional…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia N° 01468, se pronunció sobre la solicitud de avocamiento presentada por el abogado Ricardo José Velásquez en representación de varios trabajadores de la C.A.N.T.V. La Sala admitió la solicitud y declaró nulas varias providencias administrativas relacionadas con el reenganche y pago de salarios caídos de los trabajadores. Además, se ordenó la continuación de los actos de ejecución por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo, estableciendo criterios específicos para la ejecución de la sentencia anterior.

La anterior aclaratoria es base y exégesis, del pronunciamiento que debe realizar este Máximo Tribunal en relación al caso de autos, razón que se halla elevada por la situación de que esta Sala conoció del mismo por la vía de avocamiento, dada las especiales circunstancias que rodearon al caso, y que aún se mantienen latentes en la fase de ejecución, donde se evidencia una serie de otras circunstancias, fácticas y jurídicas, que han desviado la naturaleza del proceso de ejecución de los fallos judiciales, como elemento integrador que este Máximo Tribunal ha declarado pilar fundamental del sistema de justicia, como lo es el de la efectividad y eficacia de la tutela proclamada en los fallos judiciales. Debe entonces previamente llamar la atención esta Sala, en el entendido de que la sentencia dictada por la misma en fecha 18 de julio del año 2000, al efectuar el control contencioso de las providencias administrativas que originalmente declararon el derecho en beneficio de una serie de trabajadores de la empresa C.A.N.T.V. en ejercicio de la potestad legalmente atribuida bajo la figura del “Avocamiento”, únicamente podía limitarse a declarar la nulidad de las referidas providencias, que abarcaban a los trabajadores señalados en el contenido de los actos, y de ser el caso, - como ha quedado reconocido en la fase de ejecución -, de constatarse que existen circunstancias que vuelven impeditiva la materialización del derecho de dichos trabajadores, y que no fue aclarado en la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, no es una cuestión que pueda imputarse al conocimiento privado del juez, ni mucho menos reviste la condición de hecho público y notorio, razón por la que, la carga de dejar la claridad de las distintas situaciones fácticas (muerte de algunos de los trabajadores, renuncia, transacciones o jubilaciones), era de la empresa constituida en patrono de los precitados trabajadores (C.A.N.T.V.), quien en el desarrollo del proceso previo al dictamen de este órgano jurisdiccional, nunca informó sobre tal situación, cuestión que evidentemente ha contribuido en parte al desorden procesal evidenciado en la fase de ejecución.

PRIMERO: Se ordena la CONTINUACIÓN de los actos de ejecución por parte del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas conforme a las pautas de ejecución establecidas en el presente fallo. SEGUNDO: Se ordena al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, que de ser el caso, y previo el examen de rigor, realice lo necesario y conducente para ajustar o amoldar las actuaciones ya practicadas a las disposiciones fijadas por la presente; ello para ejecutar definitivamente el fallo proferido por esta Sala Política Administrativa en fecha 18 de julio del año 2000, con motivo de la solicitud de avocamiento formulada por el abogado RICARDO JOSE VELÁSQUEZ, actuando en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos FELIX ENRIQUE PAEZ, MIRIAN CELIS, LEOCADIO RAMON FERNÁNDEZ, AMERICA DEL CARMEN ARISTIMUÑO, CECILIA DEL CARMEN TREJO, JORGE PEREZ OVALLE y LUISA ELENA CELIS, recaída en el juicio que interpusiera la sociedad mercantil “COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.)”, contra “...el acto identificado con el Nro. 01 de fecha 11 de marzo de 1999, emanado de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador, y suscrito por el ciudadano YGNACIO E. HIDALGO (...), por el cual, en pretendida o aparente ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Superior Sexto del Trabajo el 22 de diciembre de 1998 (...) se ratifica lo dispuesto en las disposiciones administrativas dictadas por esa Inspectoría del Trabajo distinguidas con los Nros. 38/97, 39/97 y 40/97, del 16 de abril de 1997, en el sentido de ordenar a (C.A.N.T.V.) al ‘reenganche y pago de los salarios caídos de los trabajadores mencionados en la dispositiva de cada una de ellas’ cuando estas providencias fueron parcialmente anuladas en vía contencioso administrativa...”. TERCERO: Se ordena al Juzgado antes mencionado, que a los fines de efectuar la ejecución que le ha sido comisionada conforme a lo fijado en los puntos PRIMERO y SEGUNDO del presente fallo, realice sus actuaciones atendiendo estrictamente los siguientes criterios: La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela deberá proceder a la homologación o ajuste de los salarios que devengan los trabajadores reenganchados o a reenganchar, conforme al salario actual al cual tiene derecho el trabajador para el mismo cargo o cargo similar. Todas las diferencias salariales, incluyendo las correspondientes a los salarios caídos, deben ser canceladas dentro de un plazo de 10 días continuos a partir de la fecha de publicación de esta decisión. Los trabajadores amparados por la sentencia del 18 de julio de 2000 de esta Sala que hayan sido beneficiados con la orden de reenganche pero se encuentren jubilados, no tendrán derecho a la reincorporación, pero la empresa deberá homologarles sus beneficios de acuerdo a la base de cálculo del salario al cual tendrían derecho en caso de estar activos. No procederá el reenganche y por tanto, tampoco homologación alguna al no existir relación laboral, para el caso de los trabajadores que hayan manifestado su renuncia a la empresa, o exista constancia de haber recibido el pago por concepto de sus prestaciones sociales, o aquellos que hayan conciliado o transigido conforme lo prevé el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo. Respecto de los trabajadores fallecidos, no procederá homologación o ajuste, salvo que, alguno de sus causahabientes en razón de la convención colectiva o estipulación patronal o del Ejecutivo Nacional, se encuentre percibiendo algún beneficio relacionado con su causante. Así se declara.