La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Banco de Venezuela contra la Resolución N° 409 del 29 de diciembre de 2003, dictada por el Ministerio de la Producción y el Comercio. Se argumenta que la entidad bancaria tuvo conocimiento del procedimiento administrativo y que se respetaron sus derechos a la defensa y al debido proceso. La Sala concluye que la sanción impuesta por el INDECU fue válida y se ajustó a la normativa aplicable, desestimando las alegaciones de la parte recurrente sobre vicios de procedimiento y falta de notificación adecuada.
Extracto de la motiva
Efectuada la lectura del expediente y analizados los alegatos expuestos tanto por la parte recurrente como por la Procuraduría General de la República, corresponde a la Sala pronunciarse sobre el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la representación judicial del Banco de Venezuela, S.A., Banco Universal y, a tal efecto, observa: 1.- Denuncia la representación judicial de la entidad bancaria recurrente, que la Resolución impugnada incurre en los siguientes vicios de inconstitucionalidad: a) Violación del derecho a la defensa y al debido proceso. Señalan los apoderados actores, que el Ministerio de la Producción y el Comercio incurrió en una flagrante violación al derecho a la defensa de su mandante, al sancionar con multa a su representada sin motivos ni base legal alguna y notificándole los cargos de una manera defectuosa, todo lo cual -afirman- lesionó sus derechos a la defensa y al debido proceso, viciando de nulidad la Resolución impugnada. Al respecto, considera esta Sala necesario indicar que aun cuando la notificación para comparecer a ser impuesto de los cargos, no incluyó -a decir de los apoderados actores- los hechos que dieron origen al inicio del procedimiento administrativo respectivo, de la revisión de las actas que conforman el expediente esta Sala pudo apreciar que la notificación del inicio del procedimiento administrativo cumplió su objetivo, toda vez que la parte actora tuvo conocimiento de la existencia de dicho procedimiento, accedió al expediente, expuso lo que consideró conveniente para la mejor defensa de sus derechos e hizo uso de todos los recursos administrativos que el ordenamiento jurídico pone a disposición del justiciable. En este sentido, constata la Sala que mediante escrito consignado en fecha 19 de junio de 2001 (folios 225 y 226 del expediente), la representación judicial de la Entidad Bancaria recurrente, dio contestación a la denuncia interpuesta en contra de su mandante, por la ciudadana Ketty Josefina Toro de Alonzo y consignó los medios de prueba que consideró idóneos.
Dispositiva
En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial del BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución N° 409 de fecha 29 de diciembre de 2003 dictada por el MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio). En consecuencia, FIRME el acto administrativo impugnado. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente judicial y remítanse los antecedentes administrativos al Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), hoy denominado Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (INDEPABIS). Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
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