La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Banco de Venezuela contra la Resolución N° 141 del Ministro de la Producción y el Comercio, que ratificó una multa impuesta por el Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU). La Sala consideró que el procedimiento administrativo cumplió con los requisitos legales y que el Banco no demostró la improcedencia de la sanción. Se desestimaron las denuncias de violación al derecho a la defensa y al debido proceso, así como las alegaciones de falso supuesto de hecho y de derecho.
Extracto de la motiva
La Sala considera que el procedimiento administrativo que dio origen al acto administrativo impugnado se inició por denuncia presentada ante el INDECU. Aun cuando la notificación para comparecer a la imposición de los cargos no incluyó información de los hechos que dieron origen a la apertura de este, se aprecia que la recurrente, en el procedimiento administrativo correspondiente, consignó escrito a través del cual alegó la improcedencia del reclamo presentado y aportó los medios de prueba que consideró pertinentes con relación a los hechos que para ese momento le habían sido formulados. La Sala desestima el vicio de falso supuesto de hecho alegado, ya que la recurrente tuvo conocimiento de la existencia de dicho procedimiento, accedió al expediente, expuso lo que consideró conveniente para la mejor defensa de sus derechos e hizo uso de todos los recursos administrativos que el ordenamiento jurídico pone a disposición del justiciable.
Dispositiva
En virtud de los razonamientos expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la representación judicial del BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución N° 141 dictada por el MINISTRO DE LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO (ahora Ministro del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio), en fecha 15 de abril de 2004, notificada el 20 del mencionado mes y año, que ratificó el acto administrativo dictado por el Presidente del Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (INDECU), en fecha 2 de abril de 2002. En consecuencia, queda FIRME el acto administrativo impugnado.
Palabras clave
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