Sentencia N° 1397 Político-Administrativa TSJ 2000: Jenny Josefina Blanco vs Universidad Bicentenaria de Aragua

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido presentada por Jenny Josefina Blanco contra la Universidad Bicentenaria de Aragua. La Sala revocó la decisión del Juzgado del Municipio Los Salias que había declarado su falta de jurisdicción, argumentando que el Poder Judicial sí tiene competencia para conocer de la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos. Se destacó que la actora no alegó estar en una situación de inamovilidad, lo que reafirma la competencia de los Juzgados de Estabilidad Laboral en estos casos.

Para decidir la Sala observa: Como puede inferirse de la transcripción efectuada el Juzgado del Municipio Los Salias, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud incoada por la actora de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Trabajo, ordenó la prosecución de la causa ante la Inspectoría del Trabajo con sede en la ciudad de Los Teques del Estado Miranda. Así mismo, ordenó la remisión del expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para la consulta a que se refiere el artículo 62 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, advierte la Sala que la solicitante introdujo ante el Tribunal a quo una solicitud personal de calificación de despido, con reenganche y pago de salarios caídos, de conformidad con lo previsto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo. La trabajadora en ningún momento alegó encontrarse en la situación prevista en el artículo 34 de ese texto legal, el cual contempla una situación especial de inamovilidad para el caso de un despido masivo. Determinado como ha sido que la actora no invocó en su petición ninguna causal especial de inamovilidad, la Sala acoge el criterio jurisprudencial en el cual, en casos similares al de autos, se determinan las competencias de los Tribunales Laborales, en los siguientes términos: (...) “Diferente es la situación después de la vigencia de la actual Ley Orgánica del Trabajo (01-05-91). En efecto, en primer término, su artículo 5 consagra la integridad y exclusividad de la jurisdicción laboral para conocer de toda disputa de derecho sobre las normas de dicha Ley, o de los contratos de trabajo, salvo las que la misma Ley atribuye a los procedimientos de conciliación y de arbitraje, lo cual ratifica en su artículo 655. Y en segundo término, de manera expresa, por excepción, excluye de la jurisdicción laboral, por ejemplo, el conocimiento de los recursos que puedan ejercerse contra las decisiones del Ministro del ramo, específicamente, en los casos de negativa de registro e inscripción de organizaciones sindicales; o en los casos de oposiciones a convocatorias para negociaciones de negociaciones colectivas (vid, artículos 425, 465 y 519). Mientras que, en tercer término en los casos de otras decisiones de autoridades del trabajo, como las dictadas en los procedimientos de calificación de despido, o de solicitudes de reenganche, por motivos de las inamovilidades que la misma Ley contempla (art. 465), en lo que se refiere a los recursos que pueden intentarse en su contra, la misma Ley por el contrario se limita a establecer, que dichos recursos se deberán ejercer por ante los tribunales, sin precisar, como si lo hace en los casos antes señalados, que se trata de los tribunales contenciosos-administrativos. Tribunales aquellos, que por lo expuesto, no pueden ser otros que los órganos judiciales del trabajo señalados en los artículos 5 y 655, antes mencionados”. (Negrillas de la Sala). En cuanto a las competencias de los Tribunales del Trabajo señaló el mismo fallo: (...) “De esta forma, a partir del 01-05-91, los Juzgados del Trabajo adquieren el carácter de tribunales especiales de lo contencioso administrativo en materia laboral, cuando conocen de estas demandas de nulidad, con excepción de los casos contemplados en los artículos 425, 465 y 519, todos de la Ley Orgánica señalada”. (ver sentencia de esta misma Sala de fecha 9 de abril de 1992) La Sala ratifica una vez más el criterio jurisprudencial antes citado y en tal virtud, considera que el caso bajo estudio no se encuentra enmarcado dentro de ninguna de las excepciones en las cuales los Juzgados del Trabajo no tienen jurisdicción para conocer de la causa, como son los supuestos contemplados en los artículos 384, 449, 453 y 458 de la Ley Orgánica del Trabajo. Esta afirmación se fundamenta en que la accionante no alegó estar amparada por ninguna situación especial de inamovilidad. La acción de la trabajadora esta basada en la previsión contenida en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, en el cual se dispone lo siguiente: (...) “Así mismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que este califique y ordene su reenganche y pago de los salarios caídos, si el despido no se fundamentó en justa causa de conformidad con esta Ley.(...)” Por tanto, la Sala considera que en casos como el de autos, son los Juzgados de Estabilidad Laboral los que tienen jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido; tales casos no corresponden a la Inspectoría del Trabajo, como erróneamente afirma el Juzgado del Municipio Los Salias en la decisión consultada.

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial si tiene jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, con reenganche y pago de salarios caídos, intentada por la ciudadana Jenny Josefina Blanco contra la Universidad Bicentenaria de Aragua, ambas partes antes identificadas. En consecuencia, se revoca la decisión consultada de fecha 26 de abril del 2000, mediante la cual el Juzgado del Municipio Los Salias de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen a fin de que la causa siga su curso legal. Cúmplase lo ordenado.