Sentencia N° 1387 — Sala Político Administrativa del TSJ, 21 de noviembre de 2002

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo del Estado Zulia en un caso de calificación de despido. Los demandantes, quienes fueron despedidos alegando dificultades económicas, solicitaron la calificación de su despido y el reenganche. El tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción, argumentando que el caso debía ser tramitado ante la Inspectoría del Trabajo debido a la inamovilidad laboral decretada por el Ejecutivo Nacional.

La Sala observa que el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, señalando que el caso de autos debe ser tramitado ante la Inspectoría del Trabajo, en virtud de que los demandantes para el momento de ser despedidos gozaban de la inamovilidad decretada por el Ejecutivo Nacional, en consecuencia, ordenó remitir el expediente a esta Sala Político-Administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que corresponde a la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, con reenganche y pago de salarios caídos, intentada por los ciudadanos JHONNYS CAUSADO, DARWIN PÉREZ, MIGDALIA PALMA, MARÍA VERGARA, ADA QUIÑÓNEZ, PATRICIA MONTENEGRO BOHÓRQUEZ Y EPIFANÍO DÍAZ, asistidos por la abogada Mónica Vilchez, contra las sociedades mercantiles TEXAS RANGERS BASEBALL CLUB Y SOUTHWEST SPORT GROUP, L.L.C.. En consecuencia, se confirma la decisión consultada de fecha 03 de diciembre de 2001, mediante la cual el tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.