Sentencia N° 134 Político-Administrativa TSJ 2001: Yaritza DEL Carmen Acosta vs Compañía Anonima Telefonos de Venezuela…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de avocamiento presentada por Yaritza del Carmen Acosta, quien demandó a la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) por calificación de despido y daños. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero del Trabajo, que había declarado su falta de jurisdicción para conocer del caso, argumentando que correspondía a las Inspectorías del Trabajo. La Sala destacó que la demandante había optado por vías procesales inadecuadas y que las anomalías en el proceso eran atribuibles a su elección de acciones legales.

La Sala observa que, conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos referidos a la procedencia de la figura del avocamiento, éstas no resultan aplicables a la situación concreta, visto que, en efecto, si bien ha existido una alteración del iter accionario, este no responde a la verificación de anormalidades procesales de magnitud o a la consumación de graves quebrantamientos de forma capaces de enervar los derechos del debido proceso y defensa de la accionante. Observa la Sala, que la alteración que se advierte, responde directa y estrechamente a la errónea opción y elección del accionar de la demandante tanto en vía administrativa como judicial, ello, sin mencionar los excluyentes petitorios de la querellante, los cuales fueron interpuestos, indistintamente, tanto en una vía como en otra, desaciertos todos éstos no susceptibles de ser suplidos o subsanados por los órganos de administración de justicia.

1.- IMPROCEDENTE la solicitud de avocamiento, en el juicio intentado por la ciudadana YARITZA DEL CARMEN ACOSTA, supra identificada, por calificación de despido y daños y perjuicios por enfermedad profesional contra la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV). 2.- Que el conocimiento de la presente causa CORRESPONDE A LA INSPECTORÍA DEL TRABAJO competente, en lo que respecta a la pretensión de estabilidad laboral incoada por la demandante, supra identificada, quedando a salvo las acciones judiciales que le asisten en cuanto a los infortunios en el trabajo por ante la jurisdicción ordinaria del Trabajo. 3.- En consecuencia, se CONFIRMA la decisión del Juzgado a quo dictada en fecha 30 de junio de 2000, en los términos expuestos en la presente decisión.