Sentencia N° 1312 Político-Administrativa TSJ 2000: Nelson Guillermo Macquhae Garcia vs Universidad Central de Venezuela

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por daños y perjuicios presentada por Nelson Guillermo Macquhae García contra la Universidad Central de Venezuela. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declinado la competencia, lo que llevó a la Sala a analizar si cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Se determinó que la cuantía de la demanda excedía el mínimo requerido y que la Universidad Central de Venezuela, como instituto autónomo, era susceptible de ser demandada ante esta Sala. Finalmente, la Sala declaró su competencia para conocer del caso, aceptando la cuestión previa de incompetencia opuesta por la parte demandada y ordenando el remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie sobre otros extremos de admisibilidad. La decisión fue firmada por el Magistrado Carlos Escarrá Malavé y publicada en el año 2000.

La presente demanda, cuyo conocimiento fue declinado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en esta Sala, trata sobre el reclamo por daños y perjuicios, presuntamente ocasionados al ciudadano Nelson Guillermo Macquhae García por la Universidad Central de Venezuela, estimados en la cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS ( Bs. 6.543.009,90). Ahora bien, el artículo 42, numeral 15º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, se constata que, a los efectos de determinar la competencia de esta Sala Político Administrativa para conocer de las acciones que se interpongan contra algún instituto autónomo, es necesario que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares y su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. En el caso de autos se observa que la parte demandada es la Universidad Central de Venezuela, la cual se asemeja a un instituto autónomo, en virtud de que ambas tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente del Fisco Nacional, además, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Universidades, se trata de una institución al servicio de la República formando parte de la Administración Pública Nacional y, por tanto, cualquier acción o recurso que se ejerza en su contra su conocimiento corresponde, al igual que los institutos autónomos, a la jurisdicción contencioso administrativa.

Con fundamento a lo anteriormente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante decisión de fecha 1º de septiembre de 1.988, que declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada. SEGUNDO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. TERCERO: REMÍTASE, con oficio, copia certificada de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.