Sentencia N° 1304 Político-Administrativa TSJ 2000: Francy Yudith Lobo Martinez vs Asociacion Civil PRO Vivienda Magisterio I

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un caso de calificación de despido interpuesto por la ciudadana Franca Yudith Lobo Martínez. La Sala determinó que la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos corresponde a la Inspectoría del Trabajo, dado que la demandante alegó una suspensión legal por enfermedad. La decisión del Tribunal de instancia fue revocada, y se ordenó remitir el expediente al juzgado de origen para su cumplimiento.

En el caso de autos, ha sido alegada una causal de suspensión legal para el momento del despido, como lo es la enfermedad no profesional -a consecuencia de una presunta hepatitis sufrida por la accionante-, que inhabilite al trabajador para la prestación del servicio durante un período que no exceda de doce (12) meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 94, literal b) de la Ley Orgánica del Trabajo, lo cual sustrae la jurisdicción del a quo para calificar el despido, otorgándola a la Administración Pública, por intermedio de las Inspectorías del Trabajo. En consecuencia, alegada como ha sido la inamovilidad de la trabajadora demandante, por encontrarse en incursa en una suspensión legal, ciertamente el conocimiento del presente asunto corresponde al Inspector del Trabajo respectivo, y así se declara.

En virtud de los razonamientos arriba expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que corresponde a la Inspectoría del Trabajo conocer y decidir la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por la ciudadana FRANCY YUDITH LOBO MARTINEZ, contra la “LA ASOCIACION CIVIL PRO VIVIENDA MAGISTERIO I”. En consecuencia, se revoca la decisión del Tribunal a quo dictada en fecha 3 de abril del año 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.