Sentencia N° 1262 Político-Administrativa TSJ 2000: Rafael Simón Aponte Vargas vs Fundación CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Yaracuy, que había declarado su falta de jurisdicción para conocer el juicio de reenganche y pago de salarios caídos interpuesto por Rafael Simón Aponte Vargas. La Sala determinó que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para decidir la acción incoada, revocando así la decisión del Juzgado remitente.

El Juzgado de Primera Instancia (a quo) fundamentó su decisión con respecto a si el despido del trabajador era o no injustificado y, como consecuencia de ello, procedía o no su reenganche y pago de los salarios caídos, en la decisión emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, mediante la cual se declaró con lugar el despido del trabajador. Apelada dicha decisión por el trabajador, el Tribunal Superior, al que efectivamente correspondía decidir sobre el fondo del asunto planteado, es decir, si procedía o no el reenganche y pago de salarios caídos del trabajador, en vez de ello, nuevamente acoge el nuevo criterio de la Inspectoría del Trabajo del mencionado Estado Yaracuy, expresando que el proceso se encontraba en fase de notificación de la demandada, “para el decurso del lapso del Recurso de Reconsideración” (sic) y declaró su falta de jurisdicción con respecto a la Administración Pública. En vista de lo antes planteado, se hace necesario entonces precisar las disposiciones legales laborales que regulan la materia de que trata el presente caso así, establece el artículo 116 de la Ley Orgánica de Trabajo lo siguiente: “Cuando el patrono despida a uno (1) o más trabajadores deberá participarlo al Juez de Estabilidad Laboral de su jurisdicción; indicando (…), y de no hacerlo se le tendrá por confeso en el reconocimiento de que el despido lo hizo sin justa causa. Así mismo, el trabajador podrá ocurrir ante el Juez cuando no estuviere de acuerdo con la procedencia de la causa alegada para despedirlo, a fin de que éste la califique y ordene su reenganche y pago de salarios caídos, si el despido no se fundamentó en una justa causa de conformidad con la esta Ley. Si el trabajador dejare transcurrir el lapso de cinco (5) días hábiles sin solicitar la calificación del despido, perderá el derecho al reenganche, pero no así los demás que le correspondan en su condición de trabajador, los cuales podrá demandar ante el Tribunal del Trabajo de su jurisdicción” (Subrayado nuestro). El artículo 122 eiusdem, establece: “La sentencia del Tribunal Superior deberá decidir sobre el fondo de la causa, y declarar con o sin lugar la solicitud de reenganche y el pago de los salarios caídos”.

En virtud de lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SÍ TIENE JURISDICCIÓN para decidir la acción incoada. Queda así revocada la decisión dictada por el Juzgado remitente en fecha 16 de junio de 1998 y se le ordena decidir el fondo del asunto planteado, de acuerdo con la Ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.