Sentencia N° 1200 — Sala Político Administrativa del TSJ, 26 de agosto de 2004

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos presentada por Jorge Alberto Marcano Arandia contra la empresa Bariven S.A. La decisión se basa en que el tribunal remitente declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública, argumentando que corresponde a la Inspectoría del Trabajo conocer de la solicitud debido a la naturaleza del despido y las causales de suspensión de la relación laboral. La Sala confirma la decisión del juzgado de origen, estableciendo que no hay lugar para la solicitud presentada.

Corresponde a esta Sala, pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en virtud de la sentencia que dictara en fecha 9 de julio de 2004, mediante la cual declaró su falta de jurisdicción respecto a la Administración Pública. Ahora bien, en el presente caso, la parte accionante señaló que en fecha 24 de febrero de 1986, comenzó a prestar servicios para la “empresa BARIVEN S.A, FILIAL DE PETROLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) en el Centro Refinador Paraguaná”, siendo el último cargo ocupado el de “ANALISTA DE PROCURADORA”, hasta el 10 de febrero de 2003, fecha en la cual fue publicada en el diario “Panorama” la notificación de su despido a partir del 7 del mismo mes y año, lo que considera fue realizado sin causa justificada al no haber incurrido en ninguna de las causales de despido contenidas en los literales a), f), i) y j) del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo. En relación al abandono del trabajo que se le imputa, el accionante alegó: “...Por otra lado, Ciudadano (a) Juez, las instalaciones del Centro Refinador Paraguaná, dentro de las cuales funciona la empresa BARIVEN S.A., específicamente en el Edificio sede Cardón, han sido militarmente tomadas por efectivos de las fuerzas armadas, así como por otras personas civiles, sedicentes autorizadas y que no pertenecen a la Industria Petrolera, con armas o sin ellas, ejerciendo actos de presión o coacción sobre los verdaderos trabajadores de la Industria Petrolera Venezolana, situación está que constituye un verdadero motivo de intranquilidad en el desempeño de las funciones laborales con grave riesgo tanto a la seguridad personal de cada uno de quienes laboramos en esa empresa, como de la colectividad en general, pues, puede conducir a operaciones impropias involuntarias, que pueden producir accidentes, contaminación de productos, daños a las instalaciones, a la comunidad y/o al medio ambiente y ello, en todo caso, configura causal de suspensión de la relación de trabajo, de conformidad con el (sic) establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Trabajo...”.

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, intentada por el ciudadano JORGE ALBERTO MARCANO ARANDIA, ya identificado, asistido por el abogado Orlando Salvador Díaz, también identificado, contra la “empresa BARIVEN S.A, FILIAL DE PETROLEOS DE VENEZUELA (PDVSA) en el Centro Refinador Paraguaná”. En consecuencia se confirma la decisión consultada de fecha 9 de julio de 2004, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón.