TSJ/SPA, Sent. N° 01178, Exp. 2009-0542, 05/08/2009
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la consulta de jurisdicción sometida a su conocimiento, para lo cual se observa lo siguiente: En el presente caso, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, declaró su falta de jurisdicción para conocer de la solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos incoada por el ciudadano JUAN ANTONIO CHIRINOS ARIAS, señalando que debe ser tramitada ante la Inspectoría del Trabajo respectiva, al advertir que el prenombrado ciudadano presuntamente gozaba de la inamovilidad laboral especial decretada por el Ejecutivo Nacional. En tal sentido debe señalarse que, conforme al artículo 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el trabajador puede acudir ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de su jurisdicción, si considera que el despido fue injustificado, para que el Juez de Juicio lo califique y ordene el reenganche y el pago de los salarios caídos, de ser procedente. De igual forma, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece en el ordinal 2º del artículo 29, que es competencia de los Tribunales del Trabajo conocer de “...las solicitudes de calificación de despido o reenganche, formuladas con base en la estabilidad laboral consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la legislación laboral”. Sin embargo, si bien en principio corresponde a los tribunales del trabajo el conocimiento de la acción incoada, debe precisarse que la Ley Orgánica del Trabajo establece situaciones en las cuales es exigida la calificación previa del despido a la Inspectoría del Trabajo, en virtud de la inamovilidad que podrían disfrutar los trabajadores en un momento determinado. En efecto, entre los trabajadores que para ser despedidos necesitan de la calificación previa por el ente administrativo figuran: a) la mujer en estado de gravidez, b) los trabajadores que gocen de fuero sindical, c) los trabajadores que tengan suspendida su relación laboral, y d) los que estén discutiendo convenciones colectivas. Adicionalmente, requieren de la calificación de despido previa ante el respectivo órgano administrativo, los supuestos de inamovilidad laboral decretados por el Ejecutivo Nacional en uso de las potestades que la Constitución y la Ley le confieren. Visto el último de los supuestos antes señalados, se evidencia que el juzgado consultante declaró su falta de jurisdicción con fundamento en que el trabajador se encontraba, para el momento del despido, amparado por el Decreto de Inamovilidad Laboral Nº 5.265 de fecha 30 de marzo de 2007, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.656 de igual fecha. No obstante, esta Sala observa de la revisión de las actas procesales ( ver folio 1) que para el momento de producirse el despido del accionante, a saber, el 9 de enero de 2009, se encontraba vigente el Decreto de Inamovilidad Laboral Nº 6.603 de fecha 29 de diciembre de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.090 del 2 de enero de 2009, el cual prorrogó desde el 1º de enero de 2009, hasta el 31 de diciembre del mismo año, la inamovilidad laboral especial dictada a favor de los trabajadores del sector privado y del sector público regidos por la Ley Orgánica del Trabajo. El referido Decreto estableció: “Artículo 2°. Los trabajadores amparados por la prórroga de la inamovilidad laboral especial no podrán ser despedidos, desmejorados, ni trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el Inspector del Trabajo de la jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. El incumplimiento de esta norma dará derecho al trabajador a solicitar el reenganche y pago de salarios caídos correspondientes. Ello no excluye la posibilidad de convenios o acuerdos entre patronos, por una parte, y trabajadores, por la otra, para lograr la reducción de personal, mediante el procedimiento de negociación colectiva voluntaria establecido en el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 4.- Quedan exceptuados de la aplicación de la prórroga de la inamovilidad laboral especial prevista en este Decreto, los trabajadores que ejerzan cargos de dirección; quienes tengan menos de tres (3) meses al servicio de un patrono; quienes desempeñen cargos de confianza; los trabajadores temporeros, eventuales y ocasionales; quienes devenguen para la fecha del presente Decreto un salario básico mensual superior a tres (3) salarios mínimos mensuales y los funcionarios del sector público, quienes conservarán la estabilidad prevista en la normativa legal que los rige…”. (Destacado de la Sala). De las normas antes transcritas se evidencia la imposibilidad de despedir a un trabajador amparado por la inamovilidad laboral especial, a menos que exista una causa justificada debidamente comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 453 de la Ley Orgánica del Trabajo. Asimismo, se señala en qué supuestos se exceptúa la aplicación de la referida prórroga de inamovilidad laboral especial. Ahora bien, en el presente caso observa esta Sala que la parte actora afirmó en su libelo, que para el momento de producirse su despido, devengaba un salario semanal de ciento ochenta y seis bolívares con cuarenta y ocho céntimos (Bs. 186,48), siendo el salario mensual, la cantidad de setecientos noventa y nueve bolívares con veinte céntimos (Bs. 799,20), monto éste inferior al establecido en el citado Decreto. En efecto, en el referido Decreto se establece como límite salarial para la aplicación de la prórroga de inamovilidad laboral, que el trabajador devengue hasta un máximo de tres (3) salarios mínimos mensuales, que para la fecha del supuesto despido, esto es, 9 de enero de 2009, sería de dos mil doscientos treinta y siete bolívares con setenta y seis céntimos (Bs. 2.237,76), al encontrarse vigente para ese momento el Decreto N° 6.052 de fecha 29 de abril de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.921 del 30 de ese mismo mes y año, mediante el cual se fijó el salario mínimo mensual en la cantidad de setecientos noventa y nueve bolívares con veintitrés céntimos (Bs. 799,23). En consideración a la norma precedentemente transcrita, observa esta Sala que el accionante alegó que: 1) comenzó a prestar sus servicios en fecha 1º de septiembre de 2003, siendo despedido el día 9 de enero de 2009, acumulando más de tres (3) meses de antigüedad y 2) que para el momento de efectuarse el despido percibía una remuneración mensual de setecientos noventa y nueve bolívares con veinte céntimos (Bs. 799,20), por lo que devengaba un salario básico mensual inferior a tres (03) salarios mínimos. Asimismo se aprecia, que el ciudadano Juan Antonio Chirinos Arias no precisó en su solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, el cargo que desempeñaba en el Municipio Falcón del Estado Falcón y que no consta en autos información al respecto, tampoco existe algún elemento probatorio del cual pueda determinarse el cargo que ocupaba o las funciones que ejercía. Sin embargo, el propio accionante alegó que fue despedido por la “Jefe de Recursos Humanos”, ciudadana Marlene Álvarez, de lo cual se infiere que éste tenía un superior jerárquico quien cumplía efectivamente las labores de dirección de la referida entidad municipal, todo lo que hace presumir que no ejercía un cargo de dirección o confianza; razones que permiten a la Sala determinar que el trabajador, para el momento de su despido estaba, en principio, amparado por la inamovilidad laboral prevista en el precitado Decreto, lo cual conlleva a que la solicitud de autos deba ser conocida por la Inspectoría del Trabajo respectiva. Así se declara.