El ciudadano Freddy Castillo Castellanos interpuso un recurso contencioso-administrativo de nulidad contra la Resolución N° 1.374 de fecha 1° de septiembre de 2011, que designó nuevas autoridades del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy y dejó sin efecto su nombramiento como Rector. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tras analizar los alegatos de incompetencia y falta de motivación, declaró sin lugar el recurso, argumentando que el acto impugnado fue dictado por la autoridad competente y que la falta de un reglamento electoral no vulnera la autonomía universitaria en este caso específico. La decisión reafirma la validez de la resolución ministerial impugnada.
Extracto de la motiva
La Sala ha dejado establecido que el vicio de incompetencia se configura cuando una autoridad administrativa determinada dicta un auto para el cual no estaba legalmente autorizada, por lo que debe precisarse de manera clara y evidente, que su actuación infringió el orden de asignación y distribución de las competencias o poderes jurídicos de actuación de los órganos públicos administrativos, consagrado en el ordenamiento jurídico. La competencia le confiere a la autoridad administrativa la facultad para dictar un acto para el cual está legalmente autorizada y ésta debe ser expresa, por lo que sólo en los casos de incompetencia manifiesta, los actos administrativos estarían viciados de nulidad absoluta. Tanto la doctrina como la jurisprudencia de esta Sala, han distinguido básicamente tres tipos de irregularidades: la llamada usurpación de autoridad, la usurpación de funciones y la extralimitación de funciones. La usurpación de autoridad ocurre cuando un acto es dictado por quien carece en absoluto de investidura pública. Este vicio se encuentra sancionado con la nulidad absoluta del acto. Por su parte, la usurpación de funciones se constata, cuando una autoridad legítima dicta un acto invadiendo la esfera de competencia de un órgano perteneciente a otra rama del Poder Público, violentando de ese modo las disposiciones contenidas en los artículos 136 y 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud de los cuales se consagra, por una parte, el principio de separación de poderes, según el cual cada rama del Poder Público tiene sus funciones propias, y se establece, por otra parte, que sólo la Ley define las atribuciones del Poder Público, y a estas normas debe sujetarse su ejercicio. Finalmente, la extralimitación de funciones consiste fundamentalmente en la realización por parte de la autoridad administrativa de un acto para el cual no tiene competencia expresa.
Dispositiva
En virtud de las precedentes consideraciones, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por el ciudadano FREDDY CASTILLO CASTELLANOS, quien dice actuar con el carácter de Profesor y Rector-fundador de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy (UNEY), con sede en San Felipe, Estado Yaracuy, asistido en este acto por el abogado Emilio José Urbina Mendoza, antes identificados, contra la Resolución N° 1.374 de fecha 1° de septiembre de 2011, dictada por la entonces MINISTRA DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA (publicada en la Gaceta Oficial N° 39. 748 de la misma fecha) reimpresa en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.750 del 5 de septiembre del mismo año, mediante la cual se designan nuevas autoridades del Consejo Universitario y se deja sin efecto su nombramiento como Rector de la referida Casa de Estudios y FIRME la mencionada Resolución impugnada.