Sentencia N° 105 Político-Administrativa TSJ 2001: Manuel Assad vs GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA y el SERVICIO…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de cobro de bolívares interpuesto por el abogado Manuel Assad en representación de varios ciudadanos contra la Gobernación del Estado Aragua y el SAPAMA. El tribunal revocó la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia que había declarado su falta de jurisdicción, argumentando que el Poder Judicial sí tiene competencia para conocer de la demanda. Se destacó que la Ley Orgánica del Trabajo establece que los conflictos derivados del incumplimiento de una convención colectiva deben ser resueltos por los tribunales laborales, y no por la administración pública.

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial sí tiene jurisdicción para conocer de la demanda por cobro de bolívares interpuesta por el abogado Manuel Assad, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos NANCY RONDON, ROSA MARTÍNEZ, DOMINGA ARANA y OTROS, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ARAGUA y el SERVICIO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN AL MENOR DE ARAGUA (SAPAMA). En consecuencia, se revoca la decisión consultada de fecha 20 de septiembre de 2000, mediante la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública.

Se revoca la decisión consultada de fecha 20 de septiembre de 2000, mediante la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, declaró su falta de jurisdicción respecto de la Administración Pública. Notifíquese de la presente decisión a la Inspectoría General de Tribunales, órgano encargado de velar por el debido funcionamiento del Poder Judicial, a los fines de que examine la actuación de la abogada María Celeste Rivas Díaz, quien actuó en el presente caso como Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, ya que su proceder atenta contra la debida administración de justicia, la celeridad de los juicios y la economía procesal.