Sentencia N° 63 — Sala Electoral del TSJ, 30 de marzo de 2006

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia admite la solicitud de convocatoria a elecciones presentada por un grupo de afiliados al Sindicato Unitario del Magisterio del Estado Aragua (SUMA-ARAGUA). La solicitud se fundamenta en la Ley Orgánica del Trabajo, argumentando que la Junta Directiva actual se encuentra vencida desde el 13 de noviembre de 2004 y que no se han convocado nuevas elecciones. La Sala determina su competencia para conocer del asunto y ordena a los accionantes consignar documentación que acredite la elección de la Junta Directiva anterior.

La Sala ha tenido la oportunidad de analizar pacíficamente en el marco de sus funciones jurisdiccionales, el contenido y alcance de la facultad judicial para convocar a procesos de naturaleza electoral, señalando que corresponde a esta Sala, en única instancia, la competencia para conocer de los recursos contencioso electorales interpuestos contra actos, omisiones o actuaciones relacionados con procesos electorales efectuados por sindicatos, gremios, colegios profesionales u otras organizaciones de la sociedad civil, al tratarse del único órgano que, en la actualidad, conforma la jurisdicción contencioso electoral. Considerando el marco jurisprudencial anterior, se aprecia que el objeto de la presente acción lo constituye la solicitud formulada por un grupo de afiliados al SINDICATO UNITARIO DEL MAGISTERIO DEL ESTADO ARAGUA (SUMA-ARAGUA), para la celebración de las elecciones de las autoridades de dicho sindicato, lo que necesariamente conlleva a calificar la presente acción, según el criterio material definido por la Sala, como sustancialmente electoral, habida cuenta de que no se trata de un conflicto intrasindical, sino de un asunto ajustado al ejercicio de los derechos políticos constitucionalmente reconocidos de los miembros del referido Sindicato en cuanto a la renovación de sus autoridades, por lo que su conocimiento está atribuido a la competencia de esta Sala Electoral.

PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer de la solicitud de convocatoria elecciones en el SINDICATO UNITARIO DEL MAGISTERIO DEL ESTADO ARAGUA (SUMA-ARAGUA) ejercida por los ciudadanos MIGUEL ÁNGEL SALAZAR CARDOZO, DELHY RAYMAR GUTIÉRREZ PACHECO, RAFAEL ENRIQUE CABRERA CHÁVEZ, JOSÉ VICENTE MUJICA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA, RAIZA ESTILITA RODRÍGUEZ DE CARABALLO, SARA ELISA TÉLLEZ COLMENARES, OLY BETTY VILLASMIL ESPINOZA, LUZ MARINA QUEVEDO DÁVILA, MILAGROS DEL VALLE MUJICA DE MORALES, MARÍA EUGENIA RIVAS DE PINEDA, LINA MERCEDES GONZÁLEZ CASTRO, JOSÉ FRANCISCO RANGEL PERAZA, RAFAEL CELESTINO RAMÍREZ IBARRA, EDEN MARÍA BAPTISTA, EGLEE DEL CARMEN LUGO SOSA, RAMONA CECILIA SALAZAR DE OCHOA, MERKA MORAO DE RAMÍREZ, JULIÁN GUILLERMO NÚÑEZ GODOY, WILFREDO ANTONIO SANTOYO PÁEZ, FREDDY JOSÉ YGARZA LÓPEZ, ANAY DEL SOCORRO LUGO SOSA, NELLY MARGARITA DÁVILA VILLARREAL, ELIZABETH CEDEÑO FAJARDO, FLOR DEL CARMEN MORENO GONZÁLEZ, ARELIS ESTHER ALVARADO BELTRÁN, ROBERTO MIGUEL TORRES GARCÍA, MARÍA ANGELINA GRANADOS NORIEGA, LOISA RODIMAR SUÁREZ DE BLASCO, TITO MANUEL BRACHO VILLAZANA y YASI VERÓNICA ACEVEDO GALLARDO, asistidos por los abogados CESAR TENIAS y GABRIEL CHACÓN, de conformidad con los artículos 431, 433, 434 y 435 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 16 y 17 de los Estatutos de la referida organización sindical. SEGUNDO: ADMITE la solicitud de convocatoria a elecciones en el SINDICATO UNITARIO DEL MAGISTERIO DEL ESTADO ARAGUA (SUMA-ARAGUA). TERCERO: Se ACUERDA tramitar tal solicitud conforme a las previsiones procesales aplicables a las acciones de amparo constitucional, según el procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 1° de febrero de 2000 (caso José Amado Mejía). CUARTO: Se ORDENA a los accionantes consignar en autos dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación: el documento, acta o resolución donde se determine que la anterior Junta Directiva fue electa el 13 de noviembre de 2001. QUINTO: Se ORDENA librar los respectivos oficios de notificación al Ministerio Público y citación a la parte presuntamente agraviante.