Sentencia N° 32 Electoral TSJ 2001: Diajaira Villarreal vs Alfredo Carabot Cuervo — Acción de amparo constitucional

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia recibió un expediente relacionado con una acción de amparo constitucional interpuesta por Diajaira Villarreal contra Alfredo Carabot Cuervo, quien la suspendió de su cargo como representante de los egresados ante el Consejo de Facultad de Farmacia de la Universidad de los Andes. La Sala, tras analizar los antecedentes y la competencia, determinó que no era competente para conocer de la acción de amparo, ya que la suspensión del cargo se relacionaba con un acto administrativo del Decano, lo que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.

La jurisprudencia patria ha señalado de manera reiterada, que la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional viene determinada no sólo en razón del criterio de afinidad que establece la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sino también en razón del órgano del cual emana el acto que se denuncia como violatorio de derechos constitucionales, para así determinar cuál es el tribunal de primera instancia dentro de la jurisdicción contencioso administrativa llamado a conocer del caso concreto. En el caso de autos, la actuación presuntamente violatoria de derechos y garantías constitucionales, como se indicó, se trata de la suspensión del ejercicio del cargo para el cual fue designada la accionante por la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos, y la autoridad administrativa de la cual emanó dicho acto es el Decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Los Andes, por lo que, el conocimiento del caso planteado en autos corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa y al no tener determinado el tribunal especifico para ello, estima la Sala, en virtud de la competencia residual que le está atribuida a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el ordinal 3º del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que la competencia para conocer de la presente causa la tiene ese órgano jurisdiccional, al cual se ordena la remisión inmediata del expediente sin plantear el conflicto de competencia ante la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal a tenor de lo previsto en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la naturaleza de la presente acción, lo cual se obvia con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

1.- NO ACEPTA la declinatoria de competencia formulada por el Juzgado Segundo Accidental de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en consecuencia, se declara INCOMPETENTE para conocer de la presente acción de amparo constitucional. 2.- ORDENA la remisión del expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, para que proceda a tramitar y decidir el amparo constitucional solicitado observando la exigencia de celeridad que comporta la presente acción y por el tiempo transcurrido desde su interposición.