Sentencia N° 116 Electoral TSJ 2001: Francisca Pulgar Sirit vs Comisión Electoral de la Universidad del…

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 4 de septiembre de 2001, abordó la apelación interpuesta por las abogadas Myriam Acosta de González y Norka Rojas de González, en representación del ciudadano Rafael Daniel Meza Cepeda, contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado con lugar la solicitud de amparo cautelar presentada por Francisca Pulgar Sirit. La apelante argumentó que la decisión de la Corte Primera violaba derechos constitucionales y que la acción de amparo era inadmisible por no cumplir con los requisitos legales necesarios. La Sala concluyó que la Corte Primera actuó correctamente al declarar la existencia de presunción de violación del derecho a la defensa, dado que la Comisión Electoral no notificó a la accionante sobre la apertura del procedimiento administrativo que culminó en la revocatoria del acto electoral. En consecuencia, se desestimó la apelación y se confirmó la decisión de la Corte Primera, manteniendo la suspensión del acto de toma de posesión del ciudadano Jorge Chávez como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia hasta que se resuelva la causa principal. Finalmente, se ordenó la remisión de copias certificadas de la decisión al Ministerio Público para investigar posibles delitos de desacato, dado que se había constatado que se excusaron de acatar el fallo objeto de la apelación.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo declaró con lugar la solicitud de amparo constitucional ejercida conjuntamente con recurso contencioso de anulación por la ciudadana Francisca Pulgar Sirit. Al respecto el Juzgador a quo expuso lo siguiente: “Una vez efectuadas las anteriores consideraciones, debe entrarse a examinar la solicitud cautelar de amparo constitucional formulada por la recurrente contra el acto revocatorio emanado de la Comisión Electoral de la Universidad del Zulia, mediante la cual se levantó la sanción a la decisión de reponer la totalidad de las elecciones efectuadas en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. La mencionada petición cautelar se fundamenta en la violación del derecho constitucional a la defensa consagrado en el artículo 68 de la Constitución [de 1961], debido a que la Comisión Electoral no le notificó del procedimiento administrativo, en caso de haber existido éste, que dio origen al acto administrativo de carácter revocatorio, lo cual no le garantizó su derecho a formular alegatos y presentar pruebas con relación al acto cuestionado. Además, añade que su derecho a la defensa fue lesionado a consecuencia de la inmotivación del acto administrativo revocatorio, lo cual restringe el ejercicio de su derecho a exponer sus alegatos y defensas como resultado del desconocimiento de las razones de hecho y de derecho que llevaron a dicho órgano a adoptar la referida decisión impugnada.”

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: ACEPTA la declinatoria de competencia formulada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, y en consecuencia se declara COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 4 de noviembre de 1999 por las abogadas Myriam Acosta de González y Norka Rojas de González, actuando con el carácter de apoderadas judiciales del ciudadano Rafael Daniel Meza Cepeda, contra la decisión dictada por la Corte Primera de los Contencioso Administrativo el día 3 de noviembre de 1999, en la cual declaró con lugar la solicitud de amparo cautelar ejercida por la ciudadana Francisca Pulgar Sirit, asistida de abogado, contra el acto administrativo de fecha 22 de julio de 1999, mediante el cual la Comisión Electoral de la Universidad del Zulia “... levant[ó] la sanción ...” contenida en la decisión de ese mismo Órgano, de fecha 19 de julio de 1999, de reponer el acto electoral para la escogencia del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la mencionada Casa de Estudios. Declara que SIN LUGAR la referida apelación, y en consecuencia CONFIRMA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 3 de noviembre de 1999.