Sentencia N° 959 — Sala de Casación Social del TSJ, 2 de junio de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Eduardo Antonio Morillo contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo del Estado Zulia. La decisión de la sala se basa en que la sentencia recurrida no vulnera normas de orden público laboral ni la doctrina establecida por la sala, por lo que no se justifica el conocimiento del recurso. Se confirma así la decisión del tribunal inferior que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el demandante.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, a saber: El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación. En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos. Verificado en el presente caso el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad antes transcritos, pasa esta Sala a conocer el escrito contentivo de este medio de impugnación excepcional en los siguientes términos: Alega la parte actora recurrente, que la recurrida quebrantó formas esenciales de los actos procesales, concernientes a la promoción, admisión y valoración de las pruebas consagradas en los artículos 3, 11, 65, 73 y 75, todos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y como consecuencia de esto, violentó el debido proceso y el derecho a la defensa de la parte actora, consagrado en el numeral 1° del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha 23 de febrero del año 2006, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Maracaibo. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo.