Sentencia N° 798 — Sala de Casación Social del TSJ, 7 de julio de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por Beatriz de Benítez contra la decisión del Juzgado Superior Primero del Trabajo de Carabobo, que se declaró incompetente para conocer de la demanda de intimación de honorarios profesionales. La Sala argumenta que el recurso no es procedente dado que se trata de un procedimiento de intimación que no es susceptible de este medio de impugnación excepcional, el cual está destinado a proteger las instituciones fundamentales del derecho laboral. Además, se impone una multa de diez unidades tributarias a la recurrente por interposición maliciosa del recurso, considerando que la acción carecía de fundamento. La decisión se basa en la interpretación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establece los requisitos para la admisibilidad de este tipo de recursos, y se concluye que la decisión recurrida no vulnera derechos fundamentales ni normas de orden público. Finalmente, se ordena al Tribunal de la causa expedir la planilla de liquidación correspondiente para el pago de la multa impuesta, y se indica que no hay condenatoria en costas del proceso dada la naturaleza de la decisión.

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación. En estos casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos. El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince (15) días.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 16 de febrero de 2005, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Se impone a la recurrente multa de diez unidades tributarias (10 U.T.), y se ordena al Tribunal de la causa, a expedir la correspondiente planilla de liquidación, para ser pagada en una Oficina Receptora de Fondos Nacionales, dependiente del Ministerio de Finanzas. No hay expresa condenatoria en costas del proceso dada la naturaleza de la presente decisión.