Sentencia N° 783 — Sala de Casación Social del TSJ, 8 de julio de 2011

El Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, admite un recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra una sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Estado Táchira. La parte demandada argumenta que la sentencia impugnada violó su derecho a la defensa y el debido proceso al declarar ha lugar la interrupción de la prescripción alegada, lo que ocurrió después del cierre del debate probatorio. La Sala considera que el recurso no fue interpuesto maliciosamente y que existen motivos racionales para su admisión.

De conformidad, con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral. Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa. En el presente caso, denuncia la parte demandada que la sentencia impugnada violentó el derecho a la defensa y el debido proceso, así como el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, al declarar ha lugar la interrupción de la prescripción alegada, a través del expediente administrativo traído por la parte accionante, luego de precluida la oportunidad procesal para su consignación, esto es, dos (2) días antes de dictarse el dispositivo del fallo y después del cierre del debate probatorio, cercenándole, -a su decir-, el derecho a controlar la prueba y violentando la reiterada doctrina jurisprudencial establecida al respecto.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 5 de abril de 2011, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En consecuencia, a partir de la publicación del presente auto comenzará a correr un lapso de veinte (20) días calendarios consecutivos, para que la otra parte pueda consignar su contestación al recurso. Una vez concluida la sustanciación, la Sala fijará día y hora para que tenga lugar la audiencia oral, pública y contradictoria.