Sentencia N° 756 — Sala de Casación Social del TSJ, 1 de agosto de 2016
TSJ/SCS, Sent. N° 0756, Exp. 16-271, 01/08/2016
Expediente16-271
PonenteMARJORIE CALDERÓN GUERRERO
MateriaLaboral
Tipo de recursoControl de la legalidad
Fecha de la decisión2016-08-01
DecisiónInadmisible
Resumen
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la decisión del Juzgado Primero Superior del Trabajo. La parte recurrente alegó violaciones a normas de orden público y contradicciones en la aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, la Sala determinó que la decisión recurrida no vulneró dichas normas, por lo que se declaró inadmisible el recurso.
Extracto de la motiva
Ahora bien, después de un examen exhaustivo de los argumentos expuestos por la parte recurrente, la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, considera esta Sala que la decisión recurrida no vulneró normas de orden público que en definitiva transgrediría el Estado de Derecho, en consecuencia, es innecesario desplegar la actividad jurisdiccional de la Sala para ejercer el control de la legalidad de la sentencia impugnada. Tal declaratoria resulta cónsona con la potestad revisora conferida a esta Sala la cual se ejerce de forma discrecional y excepcional de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la decisión dictada por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, en fecha 18 de febrero de 2016. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.
Palabras clave
control de la legalidadprestaciones socialesjurisprudenciatrabajosalarioorden público