Sentencia N° 723 — Sala de Casación Social del TSJ, 4 de julio de 2012

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 4 de julio de 2012, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por Jesús Enrique Rivas Fernández contra la sentencia del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Zulia, que había declarado parcialmente con lugar un recurso de apelación. La Sala argumentó que la decisión recurrida no incurrió en violaciones de normas de orden público laboral, lo que justificó la inadmisibilidad del recurso. Se destacó la potestad discrecional de la Sala para ejercer el control de la legalidad en casos excepcionales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral. Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión.