Sentencia N° 722 — Sala de Casación Social del TSJ, 22 de julio de 2016

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por un grupo de demandantes contra una sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Estado Portuguesa. La parte recurrente alegó violaciones a normas de orden público y errores en la valoración probatoria por parte del juez de alzada. Sin embargo, la Sala determinó que la sentencia recurrida se ajustaba a derecho y no vulneraba normas laborales.

La parte recurrente impugna la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Superior Primero del Trabajo del Estado Portuguesa, dado que -en su criterio- el juzgador incurre en violación del criterio vinculante de la Sala Constitucional y de esta Sala de Casación Social, relativo al principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias, en virtud de lo cual precisa la interpretación uniforme y vinculante del artículo 89, ordinal 1o de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 94 eiusdem. Asimismo, delata la infracción de los principios constitucionales concernientes a la confianza legítima y seguridad jurídica; la falta de aplicación de los artículos 53 y 58 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; y, el error de hecho en la apreciación probatoria por suposición probatoria. Falso supuesto. Arguye que, el Juez Superior no analizó ni aplicó la doctrina reiterada y pacífica, ampliamente desarrollada por esta Sala de Casación Social, sobre la aplicación correcta del test de laboralidad, invocando la decisión N° 489 del 13 de agosto de 2002. Destaca igualmente, que la sentencia del juez de alzada violenta normas de orden público por falta de aplicación de los artículos 53 y 58 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en virtud que –a su decir- se activó la presunción de la relación laboral, al reconocer la demandada que los actores. prestaban un servicio en sus instalaciones, sin que exista ni siquiera una prueba pertinente en el cumulo probatorio, que destruya que no había una prestación de servicio de sus representados con la demandada distinta a la laboral, sin que la parte accionada haya traído al proceso prueba alguna o según el principio de la comunidad de la prueba que así demuestre lo que fue su mayor afirmación dentro de la contestación de la demanda, como es la prestación del servicio a un tercero y no a ella, por ende su carga procesal de demostrar a la luz del 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que sus representados le prestaban servicio a los terceros llamados camioneros.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, hace el siguiente pronunciamiento: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad ejercido por la parte actora, contra la sentencia dictada en fecha 25 de noviembre de 2015, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. No hay condenatoria en costas, dada la índole de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la referida Circunscripción Judicial. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen, antes mencionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.