Sentencia N° 68 Casación Social TSJ 2000: Francisco Gómez Márquez — Regulación de competencia en acción de amparo constitucional

La Sala de Casación Social conoce de una solicitud de regulación de competencia en un proceso de acción de amparo constitucional y recurso contencioso administrativo de nulidad de actos de efectos particulares. El Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo se declaró incompetente y remitió el expediente a la Sala. La Sala, tras analizar la normativa aplicable, declara competente al Juzgado Superior (Accidental) en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy para conocer de la acción de amparo y el recurso contencioso administrativo de nulidad.

El caso de autos, se refiere a una acción de amparo ejercida, conjuntamente, con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos de efectos particulares emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy, de fecha 2 de octubre de 2000, por medio de la cual se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, formulada por el ciudadano Francisco Gómez Márquez, es decir, bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 27 de noviembre de 1990, que entró en vigencia a partir del 1º de mayo de 1991. Ahora bien, de acuerdo con dicha normativa y del criterio sostenido por las Salas de Casación Civil y Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, corresponde a los Tribunales del Trabajo conocer de las demandas de nulidad contra las decisiones administrativas, dictadas en aplicación de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo que regulan su "parte administrativa", a excepción de aquellas demandas que en forma expresa son atribuidas a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, en decisión de fecha 9 de abril de 1992, expresó: "En consecuencia, conforme a los textos de los artículos 5 y 655 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, y de acuerdo a las reglas interpretativas contenidas en los artículos 59 eiusdem ("principio de la prevalencia de las normas del trabajo, sustantivas o de procedimiento"), y 60 eiusdem ("principio del orden jerárquico de aplicación de las normas laborales"), los Tribunales del Trabajo de Primera Instancia que según el ordinal 1º del artículo 28 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, son los Tribunales de la causa, en materia laboral, son competentes para conocer de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas, dictadas en aplicación de las normas de dicha Ley que regulan su "parte administrativa", a que se refiere el artículo 586; salvo aquellas demandas que en forma expresa son atribuidas a los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, como sucede en los casos antes señalados en los artículos 425, 465 y 519, todos de la citada Ley. Así se declara".

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara competente para conocer de la acción de amparo Constitucional, conjuntamente, con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos de efectos particulares, interpuesto por el ciudadano Francisco Gómez Márquez al JUZGADO SUPERIOR (ACCIDENTAL) EN LO CIVIL MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, DEL TRABAJO Y DE MENORES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY, CON SEDE EN SAN FELIPE. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado de Primera Instancia, antes identificado. Particípese de esta decisión al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte.