Sentencia N° 662 — Sala de Casación Social del TSJ, 22 de junio de 2012

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, dictó una sentencia el 22 de junio de 2012, declarando admisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra la decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de Miranda. La Sala analizó los argumentos presentados por la parte recurrente, quienes alegaron violaciones a la doctrina y jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, así como infracciones a normas de orden público en la valoración de pruebas y aplicación del test de laboralidad. La decisión se fundamenta en la revisión exhaustiva de las actas del expediente, donde se constató que la sentencia recurrida podría afectar disposiciones informadas por el orden público. Se estableció que la parte recurrente había cumplido con los requisitos de admisibilidad del recurso, permitiendo así que el proceso continuara en los términos establecidos por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Finalmente, se ordenó la continuación del proceso, fijando un lapso de veinte días para que la otra parte presentara sus argumentos en contra de los alegatos de la parte recurrente, asegurando así el derecho a la defensa y el debido proceso.

Visto lo anterior, de una detallada revisión de la sentencia recurrida y los términos en que fue decidida la controversia, así como del análisis exhaustivo de las actas del actual expediente, se aprecia que efectivamente en el presente asunto pudieren verse afectadas disposiciones informadas por el orden público. Por tanto, conteste con las razones esgrimidas, y de conformidad con la potestad establecida en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, esta Sala considera que el recurso de control de la legalidad ejercido resulta admisible.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara ADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la demandada, contra la decisión de fecha 12 de diciembre de 2011, emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda. En consecuencia, y de conformidad con el íter procesal establecido en el Capítulo VI del Título VII de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a partir del día siguiente a la publicación del presente auto, comenzará a correr un lapso de veinte (20) días calendarios consecutivos a los fines de que la otra parte, pueda consignar por escrito los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos de la parte recurrente. Una vez concluida la sustanciación, la Sala dictará un auto, fijando el día y la hora para la realización de la audiencia, donde las partes podrán formular sus alegatos y defensas, de manera pública y contradictoria.