Sentencia N° 54 Casación Social TSJ 2000: Mery Josefina Quintero Lanz vs Alcaldia DEL Municipio Piar DEL Estado…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia surgido en un proceso laboral iniciado por Mery Josefina Quintero Lanz contra la Alcaldía del Municipio Piar del Estado Bolívar. El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo se declaró incompetente, remitiendo el caso al Juzgado Superior, que también se declaró incompetente, lo que llevó a la Sala a regular la competencia. La Sala concluyó que el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo es competente para conocer del asunto, dado que la relación laboral de la demandante se rige por la Ley Orgánica del Trabajo.

El presente conflicto negativo de competencia surge como consecuencia de una reclamación laboral, instaurada ante un Juzgado de Primera Instancia del Trabajo, por parte de la ciudadana Mery Quintero Lanz, profesional de la medicina, contratada a tiempo determinado para prestar sus servicios en la Alcaldía del Municipio Piar del Estado Bolívar, el cual, se declara incompetente en razón de la materia y ordena sea remitido el expediente a un Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, de Menores y de lo Contencioso Administrativo actuando como primera instancia, el cual a su vez se declara igualmente incompetente, alegando para sustentar su decisión, que la condición de contratada de la actora la excluye de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, es así que a los fines de dilucidar el presente conflicto es necesario precisar lo siguiente: Es un hecho frecuente que la Administración Pública recurra a la figura de la contratación de empleados a los fines de obtener determinados servicios que por su naturaleza no están previstos en el sistema de clasificación de cargos, siendo que aún, cuando el contratado ejercerá una función pública, no se le considerara funcionario público, bien sea por las condiciones reflejadas en este o que la propia administración de manera expresa ponga de relieve la intención de no incluirlo en el régimen jurídico que establece la Ley de Carrera Administrativa, siendo así, es de relevante importancia establecer el contenido o cláusulas del contrato a los fines de establecer con precisión el régimen legal al cual deberá someterse la contratada. Constata de autos este sentenciador, dos cláusulas en el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en fecha veinticinco (25) de enero de 1.999, entre la Alcaldía del Municipio Libertador, representada en la persona del ciudadano Orlando Salazar Vera, en su condición de Alcalde y la ciudadana Mery Josefina Quintero Lanz, de las cuales se observa, el carácter de contrato de servicios profesionales a tiempo determinado del mismo, no sujeto a renovación por parte de la Alcaldía y la no intención de integrar a la contratada en forma alguna dentro de los cuadros regulares de la Administración Pública, no otorgándole categoría de funcionario público a la mencionada profesional de la medicina, expresando el texto de las mismas lo que de seguidas se transcribe: “TERCERA: El presente contrato es por tiempo determinado, tendrá una duración de ONCE (11) MESES Y SEIS (06) DÍAS, contados a partir del VEIN-TICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE (1999), por lo que vencerá de pleno derecho el día TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE del mismo año. QUINTA: Es expresamente entendido entre las partes contratantes que el presente contrato no le otorga a “LA CONTRATADA” categoría de funcionario público en los términos previstos en la Ordenanza Sobre Administración de Personal del Municipio Piar del Estado Bolívar, ni tampoco “LA CONTRATADA” gozará de los beneficios socioeconómicos del contrato colectivo de este Municipio, el cual rige para el personal obrero fijo y empleados públicos municipales, que ingresen por nombramiento a esta Administración Pública Municipal”. Ahora bien, establece el Artículo 1 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo que: “Los asuntos contenciosos del trabajo, que no correspondan a la conciliación ni al arbitraje, y en todo caso, las cuestiones de carácter contencioso que suscite la aplicación de las disposiciones legales y de las estipulaciones de los contratos de trabajo, serán sustanciados y decididos por los Tribunales del Trabajo que se indican en la presente Ley”.(Subrayado de la Sala).

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE para conocer del presente juicio al Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, al cual se ordena remitir el respectivo expediente.