Sentencia N° 529 Casación Social TSJ 2000: Carmen Alicia Romero vs Corporación Venezolana de Televisión, C.A.…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 14 de diciembre de 2000, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por la ciudadana Carmen Alicia Romero contra la sentencia del Juzgado Superior Quinto del Trabajo, que había declarado sin lugar la demanda por daños y perjuicios en relación laboral. La Sala fundamentó su decisión en la prescripción de la acción, ya que transcurrió más de un año y dos meses desde la finalización de la relación laboral hasta la citación de la demandada en el juicio.

La declaratoria de prescripción debe ser combatida por el formalizante, pues de lo contrario no destruirá el fundamento de lo decidido, y cualquier casación del fallo resultará inútil, y por tanto contraria a los principios de justicia eficaz contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo estos supuestos, pasa la Sala a examinar las denuncias formuladas: De conformidad con el ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia infracción de los artículos 12 y 243, ordinal 4° del mismo Código, por considerar el formalizante que el sentenciador de Alzada incurre en el vicio de inmotivación. La formalizante, luego de transcribir lo decidido por la Alzada, señala que la recurrida no decidió de acuerdo a las razones y fundamentos de hecho y de derecho expuestos en el libelo de demanda, sino en base a lo que alega la parte demandada en su contestación, quien expresó: "...oponemos a la demanda de la parte actora la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEDUCIDA, ya que de conformidad con el precitado artículo 61 de nuestro máximo estamento normativo laboral tenemos que con anterioridad a la fecha en que nuestra representada quedó debidamente citada, a través de la Defensora Ad-litem designada inicialmente en la presente causa, es decir, el día 4 de junio de 1997, no consta ninguna de las actuaciones establecidas en el Artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo que interrumpan la prescripción que evidentemente opera en el presente caso, ya que desde que finalizó la relación de trabajo, en fecha 21 de Marzo de 1996, y la fecha anteriormente referida ha transcurrido más de un año, específicamente HA TRANSCURRIDO UN AÑO, DOS MESES Y CATORCE DÍAS. Por lo que no necesitará de mayores razonamientos este Juzgado para determinar que se ha consumado la prescripción de la acción intentada contra nuestra representada, como también cualquier otra, a tenor de lo establecido, por los Artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en consecuencia la acción intentada y desechar todas las pretensiones alegadas por la actora en su Libelo de Demanda, como así lo solicitamos de este Juzgado lo declare y decida." Al respecto señala la formalizante que en el libelo de demanda lo que se pide es resarcimientos de daños y perjuicios y no cobro de indemnizaciones por culminación de la relación laboral; daños éstos que están especificados en el libelo y que debieron ser tomados en cuenta por la sentenciadora, por cuanto al manifestarse en el mismo que su representada fue humillada, tanto personal como patrimonialmente, ya que por una parte, había dejado de percibir la cantidad justa de dinero a la que tenía derecho por su actuación, y por otra parte le causaban un daño irreparable a su persona, porque con la conducta asumida por el demandado, de pagarle esos treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo) por el trabajo que ella había realizado, le reducían de una manera real y objetiva su capacidad profesional de trabajo, por cuanto fue desestimada y ello trajo como consecuencia, la humillación, la burla y el bajo pago que le hicieron, el cual no necesita probanza para saber que es irrisorio, y todo ello conforma el hecho ilícito, los cuales no son sólo los que se realicen con dolo, con mala fe o manifiesta intención de perjudicar sino que incluyen también los daños que se causan por imprudencia o por negligencia.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso de casación. Se condena al recurrente en las costas, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 274 del mismo Código. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, o sea, el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.