Sentencia N° 522 Casación Social TSJ 2000: Isvelia Lugo Hernández vs Eugenio De Andrade — Recurso de casación en nulidad de…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto por la Procuradora de Menores y el tercero interviniente, Eugenio De Andrade, contra la decisión del Tribunal Superior que declaró sin lugar la demanda de nulidad de adopción plena. La Sala consideró que el recurso de la Procuradora había perecido por no haber formalizado su escrito, mientras que el recurso del tercero interviniente fue admitido, pero se desechó por no cumplir con los requisitos legales establecidos. La Sala enfatizó la importancia de la protección de los derechos de los niños en el contexto de la adopción y la necesidad de que los procedimientos se ajusten a la normativa vigente.

La finalidad del Registro Civil es que los terceros tengan conocimiento de los actos o hechos jurídicos realizados, en este caso en particular, que tengan conocimiento de los cambios en materia de estado familiar. La Ley Sobre Adopción establece: “Artículo 69. La acción de nulidad de la adopción o de la nulidad de la conversión de simple en plena, sólo puede interponerse dentro del término de un año contado a partir de la fecha de la inscripción prevista en los artículos 39 y 40, según se trate. ...”. El decreto de adopción dictado por el Juez crea un estado familiar a la adoptada como es la condición de hija de la adoptante. Por tanto, no es lo mismo el levantamiento de una nueva partida de nacimiento en la cual se expresa el acto ya constituido por el decreto del juez, que estampar una nota marginal en una partida de nacimiento ya levantada, pues, aunque es de suma importancia no es determinante, ya que su objetivo es dejar constancia de las modificaciones de los estados familiares para que los terceros tengan conocimiento de dichas modificaciones.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1) PERECIDO el recurso de casación anunciado por la Procuradora Primera de Menores Isvelia Lugo Hernández. Se condena en costas a la recurrente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil; 2) SIN LUGAR el recurso de casación presentado por el tercero interviniente Eugenio De Andrade contra la sentencia definitiva de fecha 18 de abril de 2000. Se condena al tercero interviniente en las costas, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 274 del mismo Código.