Sentencia N° 52 — Sala de Casación Social del TSJ, 1 de marzo de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 1 de marzo de 2005, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano Ramón Celestino Alvarado Rivas contra la sentencia del Juzgado Primero Superior Transitorio del Trabajo de Anzoátegui. La Sala fundamentó su decisión en la falta de violaciones al orden legal establecido y en el cumplimiento de los requisitos para la admisibilidad del recurso, conforme a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Ahora bien, por razón de que el recurso de control de legalidad es un medio de impugnación excepcional, se deben cumplir, para poder garantizar su admisibilidad, con los requerimientos formulados en la norma de la Ley Adjetiva Laboral reproducida en el párrafo precedente; a saber: 1) Que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social. Asimismo, es oportuno dejar por sentado, que tratándose como antes se expresó de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público o de la jurisprudencia reiterada de la Sala.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandante contra la sentencia de fecha 18 de agosto de 2004, emitida por el Juzgado Primero Superior Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.