Sentencia N° 503 Casación Social TSJ 2000: José Leovildo Pargas Escalona vs Agro Servicios Tiquisate, S.A. (Agroitsa)

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 28 de noviembre de 2000, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por el ciudadano José Leovilido Pargas Escalona contra la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Portuguesa. La Sala fundamentó su decisión en la falta de aplicación de normas que favorecen al trabajador, considerando que el juzgador no tomó en cuenta las pruebas presentadas que demostraban la existencia de un conglomerado mercantil y la responsabilidad solidaria de la empresa demandada en el pago de prestaciones sociales.

La sentencia impugnada fundamentó su dispositivo en las siguientes razones: “Como punto previo debemos referirnos a lo señalado por la parte actora en los informes ante esta Instancia Superior cuando señala que la sentencia del A-quo debió atenerse al carácter irrenunciable de las disposiciones que favorecen al trabajador conforme a los Artículos 85 de la Constitución Nacional derogada y 3 y 10 de la Ley Orgánica del Trabajo.-” “Tal planteamiento está referido a la situación procesal planteada cuando la demandante después de la contestación a la demanda aduce la existencia de un conglomerado mercantil dentro las instalaciones del Central Tolimán donde existe una unidad de explotación donde convergen un sin número de empresas en atención a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con los artículos 82 al 92 y 49, 54 y 56 de dicha ley.-” (…) Que a los efectos de demostrar este hecho pruebe documentales referidas a treinta y nueve (39) recibos de pagos, para evidenciar que el trabajador laboró para el conglomerado mercantil en las instalaciones de Central Tolimán desde el año 1995 al año 1998.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso de casación, formalizado contra la sentencia del 2 de mayo de 2000, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa. Se condena a la recurrente en las costas del recurso, tal como lo disponen los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil.