Sentencia N° 477 — Sala de Casación Social del TSJ, 10 de marzo de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por los demandantes contra la sentencia de alzada que había declarado sin lugar la demanda. Se argumenta que la decisión impugnada se ajusta a derecho y no se evidencian violaciones a normas de orden público ni a la doctrina jurisprudencial de la Sala. Además, se establece que el recurso no cumple con los fines establecidos para su admisibilidad.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo, que no sean recurribles en Casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos- formales exigidos sub iudice, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: En el caso bajo estudio, delata el recurrente que en la sentencia de alzada se violan reglas de orden público, contenidas en los artículos 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, relacionadas con el régimen de distribución de la carga de la prueba. Igualmente, aduce el solicitante que la sentenciadora de alzada, transgredió el artículo 486 del Código de Procedimiento Civil “con motivo del análisis de las pruebas aportadas por la demandada (sic), específicamente al analizar los testigos CÉSAR RIVAS, MANUEL TIBERIO MARÍN Y ANTONIO JOSÉ DEL MORAL”, a cuyas deposiciones se le otorgó valor probatorio invocando el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, sin advertir que del acta donde consta la declaración rendida por el ciudadano Manuel Tiberio Marín, que riela a los folios 69 al 72 del expediente, no se desprende que el mismo hubiere prestado el juramento de ley, vulnerándose así, el orden público. Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por el recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas informadas por el orden público, ni de la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala; en consecuencia, visto que el alcance de la solicitud de control de legalidad no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha 18 de abril de 2005, emanada del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Coro. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.