Sentencia N° 461 — Sala de Casación Social del TSJ, 13 de diciembre de 2019

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por la Junta de Condominio del Edificio 'F', confirmando la decisión de desalojo de la ciudadana María Elena Rodríguez Arribasplata. Se establece que la relación laboral ha cesado y que la demandada debe entregar el inmueble en un plazo de seis meses. La sentencia resalta la importancia de agotar las vías administrativas antes de recurrir a la jurisdicción judicial y la obligación de la trabajadora de desocupar el inmueble tras la finalización de su relación laboral.

Tal como se ha señalado reiteradamente por la doctrina de este Máximo Tribunal, atendiendo lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el recurso de control de la legalidad debe estar referido a violaciones o amenazas de normas de estricto orden público laboral o procesal que transgredan el Estado de Derecho. En el caso de autos, en primer término señala la parte impugnante, que la recurrida expuso de manera expresa en la narrativa, cuáles fueron los alegatos formulados por la parte demandante en la audiencia de apelación, dentro de los cuales se destaca la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio, así como la aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin embargo, a la hora de proferir el fallo, omitió pronunciamiento sobre el particular, tanto en su parte motiva como en su parte dispositiva. A los fines de emitir un pronunciamiento ajustado a derecho, considera pertinente esta Sala destacar la base teórica que sustenta el principio de congruencia procesal, cuyo lado patológico es el vicio de incongruencia, el cual se sustenta en los yerros en que puede incurrir el juzgador al momento de proferir actos procesales que afecten dicho principio. El principio de congruencia, constituye uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso, así como a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso. De allí, que el razonamiento explanado por el juzgador para decidir una controversia, debe guardar relación y ser suficiente y proporcionado con los hechos que al juzgador le corresponde resolver. De manera que, el principio de congruencia de una resolución judicial presupone que la actividad del juzgador está cimentada en la confrontación entre la parte dispositiva y el objeto del proceso, estableciendo una identidad respecto a las pretensiones, las partes y los hechos del proceso con lo resuelto en la sentencia, cuya vulneración conlleva a materializar el denominado vicio de incongruencia, el cual se patentiza al plantearse un desajuste entre lo resuelto en el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido. En el sub examine, señala la parte impugnante que el juzgador de alzada omitió pronunciamiento sobre un aspecto alegado en el recurso de apelación, a saber, la falta de aplicación del artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, como consecuencia jurídica, vista la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio, el cual se traduce en la confesión de los hechos alegados en el escrito libelar. Vicio este que se traduciría dentro de lo denominado jurisprudencial y doctrinalmente como incongruencia omisiva o ex silentio, llamada también incongruencia infra petita o citra petita, el cual se origina cuando el juzgador en su fallo no emite pronunciamiento sobre alguna de las pretensiones propuestas por las partes o sobre un punto controvertido, pues hay una falta de identidad entre lo resuelto y lo pedido por las partes. Destacándose que tal como lo ha señalado este máximo Tribunal dicho vicio atenta contra el orden público procesal, pues el juzgador no resuelve sobre uno de los motivos de la impugnación.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 22 de enero de 2018, por el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda; SEGUNDO: NULO el fallo recurrido, y TERCERO: CON LUGAR la demanda incoada por la JUNTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO “F”, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA SIERRA contra la ciudadana MARÍA ELENA RODRÍGUEZ ARRIBASPLATA, por consiguiente se ordena la entrega del inmueble destinado a habitación en el lugar donde prestó sus servicios en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la presente sentencia.