Sentencia N° 457 Casación Social TSJ 2000: Nelson Enrique Perozo Villalobos vs Pdvsa Petróleo y Gas, S.A.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, dictó sentencia en el recurso de casación interpuesto por Nelson Enrique Perozo Villalobos contra la decisión del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo del Estado Zulia. La sentencia de la Alzada había declarado con lugar el recurso de apelación de la parte demandada, dejando sin lugar la demanda del accionante. La Sala, tras analizar los argumentos del recurrente, concluyó que la interpretación de la Ley Orgánica del Trabajo realizada por el juzgado superior era correcta y que las utilidades pagadas por la empresa eran convencionales y no legales, por lo que se declaró sin lugar el recurso de casación.

La aseveración realizada por la Alzada, sobre lo que son las utilidades legales, se hace en base al criterio que ésta sostiene acerca del contenido del artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual preceptúa: “Las empresas deberán distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual. A este fin, se entenderá por beneficios líquidos la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta. A los efectos de este Capítulo, se asimilarán a las empresas los establecimientos y explotaciones con fines de lucro. Paragráfo Primero.- Esta obligación tendrá, respecto de cada trabajador, como límite mínimo, el equivalente al salario de quince (15) días y como límite máximo el equivalente al salario de cuatro (4) meses. El límite máximo para las empresas que tengan un capital social que no exceda de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,oo) o que ocupen menos de cincuenta (50) trabajadores, será de dos (2) meses de salario. Cuando el trabajador no hubiese laborado todo el año, la bonificación se reducirá a la parte proporcional correspondiente a los meses completos de servicios prestados. Cuando la terminación de la relación de trabajo ocurra antes del cierre del ejercicio, la liquidación de la parte correspondiente a los meses servidos podrá hacerse al vencimiento de aquél. (omissis)“. Dada la naturaleza de la denuncia formulada, es necesario para esta Sala de Casación Social precisar las siguientes consideraciones acerca del artículo 174 transcrito ut supra. Debe entenderse por utilidades legales, aquéllas que preceptúa la Ley, las cuales constituyen el beneficio líquido que percibe el trabajador al final del ejercicio anual de la empresa; el cual se encuentra establecido en un monto mínimo, distribuible entre los trabajadores, del quince por ciento (15%) del enriquecimiento neto de la empresa. De igual forma, se establecen los límites para la cancelación de las utilidades legales, y es así como se señala que el monto mínimo que se podrá pagar al trabajador será similar a quince (15) días de salario, y el monto máximo se fija en el equivalente a cuatro (4) meses de salario, es decir, se estipulan las cantidades mínimas y máximas que puede pagar la empresa al trabajador por concepto de esta obligación.

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación intentado por el abogado EDIE LANDINO MÁRQUEZ, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano NELSON ENRIQUE PEROZO VILLALOBOS, contra la sentencia emanada del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 26 de mayo de 2000. Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y remítase directamente este expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, participándole dicha remisión al Juzgado Superior de origen, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.